En diálogo con Hoy es Mejor Esther Broilo, representante de los abogados en el Consejo de la Magistratura Provincial, se refirió a la polémica designación de la jueza transitoria del Juzgado de Instrucción Nº 1 de la 1ra Circunscripción Judicial (Capital), la abogada Cecilia Córdoba.
Para la letrada, Córdoba no cuenta con los antecedentes profesionales, laborales y penales para ocupar el cargo para el que fue electa, por lo que su voto no acompañó la propuesta del abogado Pedro Goyochea.
Según Broilo, la invitaron a participar de la reunión sin conocer el orden del día y allí mismo se tomó la decisión de asignarle el cargo a Córdoba, con el voto de Karina Becerra, Alejandra Oviedo, Alberto Godoy y Pedro Goyochea. Los dos votos en contra fueron de Gabriela Rodriguez (diputada por la UCR) y de Broilo.
Broilo rechazó la propuesta al sostener que la candidata de Goyochea tenía algunas denuncias por supuestos delitos, con expedientes procesales en curso, sumado a que no contaba con antecedentes académicos, profesionales y éticos, para fundamentar dicha decisión.
“Se había inscripto hace una semana y no contaba con el currículo de la letrada a la vista para poder evaluar cuáles son los méritos para asignarle el cargo”, explicó la abogada.
La representante del Consejo de Abogados comentó que quedaron pendientes designaciones de juez de paz lego y fiscal por Villa Unión, y que su propuesta era la de que se cubra la transitoriedad en el juzgado N°1 con la Dra. Ramallo, quien contaba con psicofísico, test psicológico y se había presentó a concurso para el cargo.
“Más de 200 abogados ya me llamaron para advertirme sobre Córdoba”, dijo la abogada quien agregó que no se trata de una cuestión personal, sino de no contar con ninguna información sobre la candidata en el momento de la elección.
Recordemos que el Reglamento General del Consejo de la Magistratura, en su art. 52, prevé que los aspirantes a jueces transitorios deben presentar un currículum sintético de sus antecedentes laborales y profesionales y efectuar declaración jurada indicando que no registra antecedentes penales, sin perjuicio del requerimiento de informes que estime oportuno el Consejo.
