El convencional constituyente de Unión por la Patria Pedro Goyochea, explicó en Multimedio UNLaR los puntos que se aprobaron y qué contempla la Ley de Reforma parcial. El 26 de junio será la sesión especial para continuar con nuevos aportes y modificaciones. Uno de los puntos controvertidos es el derecho al agua que, según las asambleas, está en riesgo por la política minera que impulsa Ricardo Quintela.
En el marco de la Reforma Constitucional, el convencional dijo que “se está entrando en la etapa final de este proceso que comenzó el 24 de julio del año pasado y se han desarrollado las temáticas que estaban vinculadas con la Ley 10.609 que declaró oportunamente la necesidad de la reforma” y agregó que “en este sentido, se avanzó significativamente en lo que nosotros denominamos la matriz social de esta reforma, también hay una matriz de carácter institucional y otra de carácter municipal”.
“En lo que tiene que ver con esta matriz social, se han consagrado los derechos al agua, a la energía y a la conectividad, también la renta básica universal, los derechos de cuarta generación y la perspectiva ambiental junto con el principio de paridad para todos los cargos electivos de la función legislativa, ejecutiva y también para los municipios”, detalló Goyochea.
Para el convencional constituyente “se están dando grandes avances en materia de derechos y también en materia de calidad institucional” y manifestó que “en cuanto al derecho al agua, a la energía y a la conectividad, la temática fue abordada en la sesión anterior pasada, y va a comprender en el capítulo 2 y el texto constitucional ha sido propuesto de esta manera para que se sistematicen en lo que le comprende ´Derechos y Garantías´ y sistematizado en este capítulo estos derechos vienen a complementar lo que se denomina el esquema de los derechos de 4° generación vinculados con el acceso a la tecnología”.
Además, Goyochea destacó que “esta mirada de la matriz social es muy significativa porque son los debate que en el marco de la región se están llevando a cabo y es una estrecha vinculación a la agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenibles”.
Asimismo, aseguró que “la discusión del agua y de los otros servicios forman parte de la agenda pública regional de debate, en el contexto propio de América Latina y de otras discusiones regionales a nivel mundial a donde estos bienes naturales forman parte de un enorme debate en el rol que tiene que jugar para las próximas generaciones y remarcó que “lo que si no puede hacer las administraciones futuras es excluir de las políticas publicas la definición del acceso a este servicio. Lo importante es que en materia de acceso el agua se convierta en un derecho que puede ser exigible y por parte del Estado garantizarlo y hacer de la políticas públicas las vías a través de la cuales se lo determine como acción prioritaria”.
Sobre este tema finalmente completó que “en el marco de este texto constitucional, es un punto de partida, la tarea va a ser conjunta para el Gobierno y para la comunidad de hacer que este recurso, que es muy escaso a nivel provincial se convierta en una acción responsable para ambos y hacer que ese servicio se transforme en un esquema de accesibilidad que contribuya al bienestar general de la población”.
Otros de los puntos que trataron los convenciones constituyentes, fue la periodicidad de los jueces, y en cuanto al tema Goyochea dijo que “los fundamentos se estructuran en la necesidad de periodizar la designación de los jueces, de tal manera que cada tanto en el tiempo puedan ellos rendir cuenta de sus acciones para poder ser nuevamente propuestos y continuar en esa labor”.
El periodo para el desempeño de los jueces que se propuso es de 10 años, tendiendo la posibilidad de “revalidar” esa designación con un criterio que lo va establecer el Consejo de la Magistratura. “Es un paradigma innovador en materia de justicia porque permite que el desempeño de los jueces y juezas, fiscales y defensores en general puedan estar sujetos a un criterio de evaluación, de tal manera que su desempeño pueda ser justificado en los términos que los establezca oportunamente el Consejo de la Magistratura y esto responde a lo que se denomina el nuevo estándar de republicanismo, que implica que la periodicidad comprende a todas las funciones del Estado”, destacó el funcionario.
Por último, dijo que la elección de las y los jueces sería de la misma manera, pero se incorpora como consejeros permanentes el Fiscal y Defensor General “porque entendemos que estos funcionarios son centrales para poder llevar a cabo la nueva tarea que se le encomienda al Consejo de la Magistratura y en función de ello asumir que la visión de la Función Judicial debe ser de manera integral y no de manera parcelada”.
