La doctora Ivana Cataneo, abogada con vasta experiencia en el ámbito, ha señalado la situación crítica que se vive en la provincia, donde los tribunales civiles están completamente colapsados. “Los juicios de alimentos no solo se refieren a la falta de prestaciones, sino también al pago tardío, parcial y al incumplimiento de órdenes judiciales. Esto ha saturado los despachos judiciales”, afirmó Cataneo en diálogo con Hoy es Mejor de Multimedio UNLaR.
Es importante destacar que no solo los padres pueden demandar alimentos; el mismo hijo, si tiene suficiente madurez, también puede hacerlo. La ley no establece una edad específica, dejando al juez la responsabilidad de determinar si el menor puede presentarse solo. En ese caso, será acompañado por el Ministerio Público, que lo apoyará y orientará, incluso a través de entrevistas con psicólogos. “Si un niño de nueve años dice que su madre o su padre no le pasan alimentos, el juez puede iniciar el juicio de alimentos”, explicó Cataneo.
Además, cualquier pariente que perciba que un menor está fuera de resguardo puede también elevar una solicitud al Ministerio Público. “Es fundamental que todos conozcan que, incluso un hijo no reconocido legalmente, tiene derecho a pedir alimentos”, agregó. En estos casos, el juez puede fijar una cuota alimentaria provisional mientras se inicia el juicio de filiación para establecer la paternidad.
El proceso de demanda puede incluir a mujeres embarazadas, aunque no se conozca la identidad del padre. Estas mujeres pueden acudir a un abogado o directamente a la Defensoría, que brinda atención gratuita. En la Defensoría, que opera en el edificio Federación y frente a la maternidad vieja o la San Nicolás de Bari, se les solicitará presentar su DNI y un certificado de embarazo. Una vez que el hijo nace, se puede realizar un análisis de ADN para determinar la paternidad, asegurando que se fije la cuota alimentaria inmediatamente si el padre es reconocido.
El sistema de justicia se asegura de que los pagos se hagan de manera formal y transparente, utilizando el descuento del recibo de sueldo en caso de que el progenitor tenga un empleo estable. “Se abre una cuenta bancaria para que el dinero no quede al albedrío del progenitor”, señaló Cataneo, enfatizando la importancia de evitar situaciones de violencia económica, que pueden ocurrir con pagos parciales o a destiempo. Las madres afectadas a menudo se enfrentan a la carga de pagar la educación de sus hijos sin el apoyo adecuado, a pesar de las sentencias judiciales que obligan al cumplimiento de estas obligaciones.
Para poder iniciar el incidente de cuota alimentaria, es esencial que los solicitantes tengan en mano las actas de nacimiento de los niños o el certificado de embarazo, así como información sobre el paradero y los ingresos del progenitor demandado. Esto requiere una investigación preliminar que puede incluir solicitar informes a Rentas o consultar bases de datos que ofrezcan información sobre la situación financiera del progenitor.
La cuestión de la litis alimentaria es central en estos casos. “La litis alimentaria se refiere a la obligación de ambos progenitores de alimentar, educar y criar a sus hijos”, señaló Cataneo. Esta obligación abarca tanto necesidades básicas como gastos extraordinarios, que se deben considerar al fijar la cuota alimentaria.
Con el nuevo Código Civil de 2015, se han hecho cambios significativos, reconociendo el valor económico del tiempo que el progenitor que vive con el menor dedica a su cuidado. Es fundamental que se tomen en cuenta todos estos aspectos para garantizar el bienestar de los menores y asegurar que los derechos humanos de los niños sean respetados.
La voz de quienes luchan contra esta injusticia es primordial para visibilizar las dificultades y buscar soluciones efectivas que garanticen el bienestar de los más vulnerables: los niños. La Rioja enfrenta un desafío significativo en la justicia alimentaria, pero con la información adecuada y el apoyo legal, es posible avanzar hacia un sistema más justo y equitativo.
