La Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) enfrenta una crisis administrativa tras la presentación de un informe preliminar que detalla irregularidades financieras y de gestión. En conferencia de prensa, Joaquín Pistone, auditor titular y Enrique Sosa, auditor adjunto, subrayaron la importancia de comunicar estos hallazgos, que provienen de una auditoría iniciada debido a la complicada situación.
Según el encargado de la auditoría, el Dr. Joaquín Pistone, reveló que la falta de colaboración de los antiguos administradores ha obligado a investigar a fondo diversas áreas de la universidad. Se reporta un déficit presupuestario de más de 2.000 millones de pesos en el último año, junto con deficiencias graves en la administración del parque automotor, cuyos vehículos se encuentran en mal estado.
Los hallazgos incluyen la verificación de resoluciones rectorales adulteradas, que habrían facilitado pagos indebidos a ciertos agentes. Estas resoluciones tenían el mismo número y fecha, pero con contenidos diferentes en varias áreas, y se detectó que se habían abonado suplementos sin causa desde julio hasta diciembre de 2024, generando un perjuicio significativo para la universidad.
Entre los incumplimientos funcionales graves, los auditores destacaron la falta de registro de los equipos de refrigeración donados por el gobierno provincial. La falta de un acta de recepción y un inventario adecuado llevó a la necesidad de un relevamiento, el cual reveló incongruencias, donde se constató que los equipos debían ser recibidos por un funcionario capacitado, lo cual no ocurrió.
Además, sostuvieron que se encontró que, en lugar de resoluciones originales, había copias de estos actos administrativos, lo que indica una negligencia administrativa en su custodia. «Algunos documentos importantes estaban desprolijos, con bibliografías no encuadradas, lo cual sugiere una gestión deficiente en el manejo de estos registros«, explicaron
El informe de los auditores también advirtió sobre un faltante de computadoras portátiles en el activo de la universidad, ya que se constató la desaparición de varias notebooks sin conocimiento sobre su paradero. Además, se detectaron más de 230 resoluciones rectorales originales faltantes entre 2021 y 2024, superando más de 100 faltantes solo en el último año.
Con estos hallazgos, se ha sugerido la introducción inmediata de sumarios administrativos y la pertinente denuncia penal si surgen elementos que lo justifiquen. La Unidad de Auditoría Interna continuará su trabajo, ya que esta es solo la fase inicial de una investigación más amplia que tiene como objetivo explorar irregularidades en toda la universidad.
Las autoridades señalaron que la gestión actual se encontró con la universidad en condiciones críticas, tanto presupuestarias como estructurales, y han estado trabajando para poner las instalaciones en condiciones para recibir a los alumnos. A pesar de los desafíos, están comprometidas en esclarecer la situación y restablecer la confianza en la gestión institucional.
Se espera que en junio se presente un informe más completo acerca de la situación real de la universidad, ya que, según los auditores, el trabajo será extenso y abarcará varias áreas y sedes del organismo. Mientras tanto, las decisiones sobre el futuro de las personas involucradas se tomarán una vez finalizadas las investigaciones pertinentes.
