La Universidad Nacional de La Rioja atraviesa un difícil momento debido a irregularidades financieras en su obra social, OSUNLaR, que comprometen su sostenibilidad y la confianza de la comunidad.
En diálogo con Multimedio UNLaR, la directora legal y técnica de OSUNLaR, doctora Daniela Gallardo, explicó los avances en las investigaciones por presunta malversación de fondos y otros delitos relacionados con la gestión anterior. La funcionaria detalló que en los últimos siete meses, un informe del síndico, el contador Carlos Sant, reveló la existencia de aproximadamente 800 mil dólares que no tienen respaldo ni justificación clara, y que habrían sido desviados para otros fines.
La situación judicial también involucra al ex rector de la Universidad, Daniel Quiroga, quien no compareció ante la justicia tras ser notificado, lo que podría derivar en una orden de detención si vuelve a faltar. Gallardo destacó que la ausencia del ex rector, en tanto, entorpece la investigación, ya que no se puede avanzar en la determinación de qué se hizo con el dinero, además de retrasar el proceso legal.
Durante el encuentro se detalló el estado de la causa caratulada «Albornoz Sosa Daniel Nicolás y Otro – Denuncia» contra los exfuncionarios Daniel Alberto Quiroga y Lucas Fabricio Zapata. Las investigaciones demostraron que durante su gestión se cancelaron irregularmente plazos fijos en dólares por 33 millones, de los cuales solo 19 millones fueron efectivamente transferidos al proveedor médico indicado.
Por otra parte, el contador Zapata sí compareció en la causa, pero existen otros involucrados en distintas denuncias que aún están siendo investigados. La doctora explicó que en una causa paralela, también radicada ante el Ministerio Público Fiscal, se investigan la falsificación de resoluciones del Consejo Directivo y pagos indebidos a empleados del organismo, que habrían sobrepasado los límites establecidos en paritarias.
El director de asuntos jurídicos de la OSUNLaR, Sergio Cano, confirmó que la denuncia por irregularidades en la obra social ya fue presentada ante el Juzgado de Instrucción número 2, a cargo de Héctor Daniel Barría. La investigación apunta a determinar a los autores de la falsificación de documentos y resoluciones del Consejo Directivo del 2022, en las que se habrían alterado decisiones para pagar salarios por encima de lo establecido en paritarias.
Entre las implicadas, se encuentra Ana Laura Toro, quien detectó y documentó las irregularidades cometidas durante la gestión de María Del Carmen Corzo, mediante un acta notarial, aunque no presentó denuncia formal. La situación de la OSUNLaR, en medio de una crisis que llevó a declarar la emergencia económica y financiera en 2025, refleja el difícil panorama que enfrentan las obras sociales universitarias, afectadas por la disyuntiva de mantener prestaciones bajo un contexto de presupuesto restringido y aumento de costos.
El escenario es complejo y refleja la gravedad del estado de OSUNLaR. La institución fue declarada en emergencia económica y financiera mediante la resolución 6 del 2025, debido a la delicada situación que atraviesa, en medio de una marcada crisis económica del sistema de obras sociales universitarias a nivel nacional.
