El reciente decreto 340/2025 emitido por el Gobierno argentino amplió la definición de “actividades esenciales”, restringiendo así el derecho a huelga de diversos sectores laborales. Según el abogado laboralista y docente de la Facultad de Derecho de la UBA, Nahuel Altieri, esta medida afecta derechos constitucionales y convencionales fundamentales.
Las nuevas restricciones
Históricamente, la legislación argentina reconocía ciertos servicios como esenciales, incluyendo salud, energía y tráfico aéreo. Sin embargo, el nuevo decreto amplía la lista para incluir:
Transporte y distribución de medicamentos
Servicios farmacéuticos
Producción y comercialización de agua, gas y energía
Telecomunicaciones e internet
Comercio exterior y aeronáutica comercial
Actividades industriales continuas como siderurgia y producción de aluminio
Servicios hoteleros y gastronómicos
Comercio electrónico
Según Altieri, este cambio implica una limitación severa al derecho de huelga, regulado en la Constitución Nacional en su artículo 14 bis.
Los gremios y sindicatos han manifestado su rechazo a la medida y planean recurrir a la justicia, argumentando que el decreto es inconstitucional y contraviene convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Desde los sindicatos consideran que estas restricciones afectan el derecho legítimo de protesta y negociación.
Además, se cuestiona la intervención del Gobierno en negociaciones salariales, como ocurrió con el sector comercio, donde se impuso un techo del 2% de aumento, a pesar de acuerdos previos entre empresarios y trabajadores.
Por otro lado, la recesión y el impacto del tipo de cambio en la industria nacional agravan el panorama económico. Según expertos, la situación favorece la especulación financiera, mientras que la producción local enfrenta serios obstáculos por costos elevados y competencia desigual con productos importados.
Mientras se debate la constitucionalidad del decreto, queda en evidencia la disputa entre el modelo de ajuste económico y la preservación de los derechos laborales en Argentina.
