A partir de las recientes modificaciones en el Poder Judicial local, entre ellas, la incorporación del juicio por jurado, aún persiste el desconocimiento y las dudas sobre cómo funcionará este mecanismo, sus implicancias sociales y cómo se relaciona con las tendencias globales en materia de justicia. Para profundizar en estos aspectos, en El Arranque dialogamos con el doctor Esteban Yangüez Papagenadio, experto en Derecho Penal y Ciencias Sociales, quien además fue tema de su tesis doctoral.
Yangüez explicó que el juicio por jurado no es un invento reciente en Argentina, sino una práctica con raíces históricas que datan de la independencia en 1816. Fundamentado en la participación activa de la ciudadanía, este sistema busca que los ciudadanos, seleccionados por sorteo a partir del padrón electoral, evalúen las pruebas presentadas y decidan la responsabilidad de los acusados. La selección de los jurados incluye filtros rigurosos: no ser agentes de fuerzas de seguridad, abogados, políticos, y contar con ciertos niveles educativos, además de pasar por una audiencia de selección donde se evalúa la imparcialidad.
La ley de Córdoba, vigente desde 2004, fue uno de los primeros ejemplos en Argentina. En términos de historia, el contexto fue crucial: derivado de la crisis de 2001-2002, donde aumentaron los delitos y la percepción de inseguridad, la sociedad clamaba por mano dura. Para responder a esa demanda social, Córdoba implementó un sistema de jurados que buscaba mayor participación ciudadana y transparencia.
A nivel internacional, países como Alemania han adoptado modelos similares. Entre 2016 y 2017, Alemania incorporó una audiencia de selección de jurados muy parecida a la de Córdoba, con el objetivo de evitar la infiltración de ideologías extremistas en los jurados, como ocurrió en ese país cuando la extrema derecha, en particular neonazis, instaba a sus miembros a inscribirse para influir en los veredictos y promover la intolerancia. La Alemania de entonces detectó que algunos jurados podían ser utilizados como instrumentos de ideas peligrosas, y en respuesta, modificó el sistema, haciendo más estricta la selección.
Uno de los comentarios frecuentes es que el juicio por jurado puede reflejar los prejuicios sociales o una actitud de mano dura en respuesta a ciertos hechos delictivos. “Es una crítica que se le hace al jurado, que todos lo vemos como un órgano susceptible a prejuicios, a sesgos, incluso en épocas donde la indignación social se traduce en una necesidad de justicia rápida y contundente”, advierte Yangüez.
Imparcialidad y objetividad
El experto señala que muchos creen que los jurados no pueden ser objetivos o imparciales. Sin embargo, la realidad demuestra que, cuando la selección se realiza con transparencia —como en Córdoba— y se evalúa exhaustivamente la imparcialidad de los candidatos, se puede garantizar un proceso justo. La audiencia de selección es, para Yangüez, la instancia más importante del proceso, ya que allí se busca evitar que prejuicios, intereses o ideologías extremas influyan en el fallo.
A nivel social, el clima de época puede influir en la percepción del juicio por jurado. En algunos sectores de la sociedad, hay una tendencia a apoyar políticas de mano dura, especialmente en contextos de alta inseguridad y crisis social. Algunos sectores entienden que una justicia rápida y severa puede ser una forma de responder a la indignación popular, incluso alejándose del espíritu del Código Penal o de principios constitucionales.
A modo de ejemplo, Yangüez recordó que la ley de Córdoba nace en un contexto de crisis y fuerte rechazo a la inseguridad, pero también existe una línea de pensamiento que considera que el sistema puede ser manipulado por prejuicios sociales o ideológicos. En Alemania, en 2016-2017, la inacción para filtrar a los jurados encubrió intentos fuertes de ideologías extremistas, que terminaron siendo corregidos por el Tribunal Constitucional alemán, que reforzó los mecanismos de selección para evitar la infiltración de pensamientos peligrosos.
El veredicto del jurado no es recusable
La provincia de La Rioja eligió un modelo de juicio por jurado inspirado en Estados Unidos, uno de los más conocidos a nivel mundial, que prioriza la irrecurribilidad del veredicto. Esa característica, que consiste en que la decisión de los jurados no puede ser apelada, ha sido objeto de debate, ya que implica que puede afectar serias garantías constitucionales y legales.
Yangüez advierte que esa decisión puede tener riesgos, ya que en otros países, como Alemania, se ha encontrado que la irrecurribilidad puede ser utilizada para limitar derechos o para que decisiones controvertidas no puedan ser revisadas. En ese sentido, la experiencia internacional recomienda incorporar procesos de selección rigurosos y controles constitucionales que garanticen que el sistema funcione sin manipulación ideológica.
La incorporación reciente del juicio por jurado en La Rioja representa no solo un cambio en la estructura judicial, sino también una nueva forma de ejercer la abogacía y la participación ciudadana en la justicia. Requiere capacitación, compromiso y una actitud crítica frente a los prejuicios sociales y políticos que puedan influir en los jurados.
Para Yangüez, es esencial entender que la participación de la ciudadanía en la justicia fortalece la legitimidad del sistema y contribuye a una democracia más participativa y transparente. Sin embargo, advierte que los cambios deben hacerse con responsabilidad, atendiendo tanto a las garantías constitucionales como a la lucha contra las posibles influencias ideológicas que puedan distorsionar los procesos judiciales.
