La tensión entre la obra social de la provincia (APOS) y el Colegio Médico de La Rioja continúa en aumento, generando molestias tanto en los afiliados como en las instituciones involucradas. La disputa se centra en los cobros realizados a los afiliados de Apos, relacionados con un coseguro de 17.000 pesos, y en las acciones del Colegio Médico, que han provocado denuncias y cuestionamientos por parte de la administración de Claudia Ortiz, titular de la obra social.
Desde la obra social, Claudia Ortiz defendió la postura institucional y aclaró que los valores de las consultas han sido actualizados y negociados en mesas de trabajo. En marzo pasado, se establecieron nuevos valores: 12.000 pesos para consultas de categoría A y 18.000 pesos para categoría E, con un coseguro de 7.000 pesos a cargo del afiliado. La próxima revisión de tarifas aún está en proceso, y se espera que se definan nuevos valores en septiembre.
Ortiz también afirmó que la obra social paga regularmente y sin interrupciones los honorarios médicos, aclarando que nunca hubo un corte en la cadena de pago. La administradora explicó que el conflicto surge con intermediarios que, a su entender, generan obstáculos y cobran comisiones excesivas, además de que la obra social planea realizar convenios directos con los profesionales, eliminando estos intermediarios, en clara alusión al Colegio Médico Gremial.
El conflicto se intensificó cuando el Colegio Médico comenzó a exigir el pago de coseguros de 17.000 pesos a los afiliados, usando mecanismos como claves token para validar los pagos. Ortiz denunció que estas acciones generan abusos de poder y violan la normativa vigente, ya que no están obligados a aceptar pagos de coseguro sin acuerdo previo, y mucho menos, tomar decisiones sin la debida coordinación institucional.
La representante de Apos aseguró que, mientras tanto, ya iniciaron acciones de denuncia y que están en proceso de establecer convenios directos con los médicos, lo cual podría reducir este tipo de conflictos. Además, aclaró que no todos los profesionales actúan de la misma manera, y que muchos continúan trabajando en los términos habituales.
Por otro lado, Ortiz cuestionó las formas en las que el Colegio Médico ha llevado adelante sus medidas, incluyendo encuestas de satisfacción, y procedimientos que, en su opinión, violan los plazos y normas de notificación estipulados en los convenios. La obra social sostiene que cualquier profesional es libre de dejar de trabajar con APOS, pero que si pretenden continuar, debe hacerse respetando los acuerdos previos y la ley.
Finalmente, la administradora hizo un llamado a la responsabilidad y al diálogo, dejando en claro que si los profesionales no están de acuerdo con los pagos o las condiciones, pueden optar por trabajar en forma privada, pero sin afectar a los afiliados ni tomar acciones que generan incertidumbre y perjuicio para la comunidad.
