Con otros dos decretos sobre seguridad fronteriza e inmigración legal, el presidente busca revertir muchas de las polémicas políticas de su predecesor republicano Donald Trump para desalentar la inmigración, tanto ilegal como legal.El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este martes, tal como se había adelantado la semana pasada, tres decretos con los que busca contrarrestar las «malas» políticas migratorias de su antecesor, Donald Trump, entre ellas una propuesta para otorgar la ciudadanía a los entre nueve y 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país y otra para favorecer la reunificación familiar.
Una de las tres normas autoriza la creación de un grupo de trabajo especial para abocarse a la reunificación familiar y «revertir las políticas migratorias del Gobierno de Trump que separaron a miles de familias en la frontera».
Dicho grupo estará encabezado por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, cuya designación aprobó este martes el Senado.
Ese decreto también revoca otro anterior de Trump en el que «se procuró justificar la separación de los hijos de sus padres», explicó la Casa Blanca en un comunicado.
Además, las decisiones incluyen «medidas adicionales para reconstruir y fortalecer nuestro sistema migratorio», según el comunicado, que se alejan de la línea dura en el ámbito migratorio que había impulsado Trump en sus cuatro años ocupando el Despacho Oval, que provocaron un situación de «caos, crueldad y confusión», consignaron las agencias ANSA y Europa Press.
La línea migratoria de Biden busca «preservar y reforzar las protecciones para los denominados ‘dreamers'», y terminar con las prohibiciones a personas musulmanas y africanas, detener la construcción del muro en la frontera con México y proteger a los ciudadanos liberianos que viven y trabajan en el país.
Tras la difusión de las medidas, Biden explicó a los periodistas que no estaba creando «una nueva ley», sino «eliminando las malas políticas» de su predecesor, recogió la cadena NBC News.
La Casa Blanca, en tanto, señaló que el objetivo es «formular una estrategia para abordar la migración irregular en la frontera sur y crear un sistema de asilo compasivo» a través de la implementación de un plan tripartito integral para lograr una «migración segura, lícita y ordenada en la región».
El Gobierno buscará las causas de la migración, colaborará con los socios regionales y se asegurará de que los refugiados y solicitantes de asilo centroamericanos tengan acceso a vías legales, detalla el escrito.
Para Biden la separación de niños de sus padres constituye una «vergüenza moral nacional», por lo que puso el acento en el nuevo grupo de trabajo en la materia.
«El presidente Trump estaba tan concentrado en el muro que no hizo nada para abordar las causas fundamentales de por qué la gente está llegando a nuestra frontera sur; fue una estrategia limitada, inútil e ingenua, y falló», dijo un alto funcionario de Biden, que remarcó también que «la gente continúa migrando a los Estados Unidos, incluso hoy”.
Durante su campaña presidencial, Biden publicó anuncios que prometían establecer un grupo de trabajo «en su primer día como presidente».
Algunas estimaciones calculan en 5.500 los niños que fueron separados de sus padres tras haber ingresado ilegalmente a lo largo de la frontera sur. Hasta el momento, aproximadamente 600 padres no pudieron ser localizados por un comité designado por el tribunal.
«El presidente Biden cree que las familias van unidas, ha dejado claro que revertir las políticas de inmigración del gobierno de Trump que separaron a miles de familias en la frontera es una prioridad máxima», informó la administración en su comunicado.
En cuanto a la naturalización de millones de inmigrantes, dentro de una política migratoria más inclusiva, Biden instó a revisar la llamada «regla de carga pública» creada en agosto de 2019 por el gobierno de Trump para denegar la tarjeta de residencia permanente («green card»), o la ciudadanía, a quienes reciben algún tipo de asistencia social.
Se buscará que los departamentos de Estado, Justicia y Seguridad Interior hagan «una revisión del proceso de naturalización para agilizarlo y hacerlo más accesible a los más de nueve millones de inmigrantes que actualmente son aptos» para solicitar la ciudadanía.
