Según el fiscal del caso, la denuncia de los legisladores de JxC es de carácter “general y no en particular”, y en la presentación judicial no se menciona a ninguna persona como presunta beneficiaria irregular de la vacuna contra el Covid-19.
La Justicia Federal de Córdoba resolvió abrir una investigación para determinar si hubo anomalías en las aplicación de vacunas contra el coronavirus en Córdoba, tal como denunciaron dos legisladores nacionales locales del espacio Juntos por el Cambio (JxC).
El fiscal general de la Justicia Federal de Córdoba, Carlos Casas Noblega, manifestó este miércoles al canal 10 de la Universidad local que recibió una presentación del diputado Luis Juez y del senador nacional Ernesto Martínez, ambos del Frente Cívico que integran JxC, en la que solicitan que se investigue la posible comisión delictiva.
“Se ha oficiado al Ministerio de Salud para que remita todas las constancias del plan vacunatorio provincial”, que incluye datos de la cantidad de dosis que ha recibido de Nación hasta el día de la fecha y el destino de las localidades e instituciones y a quiénes inocularon en cada uno de los casos, detalló el funcionario judicial.
Asimismo, dijo que la denuncia de los legisladores es de carácter “general y no en particular”, por lo tanto “si surgen de la prueba elementos que pudieran sospechar de la participación de un delito se va a investigar”.
No obstante, reiteró que en la presentación judicial no se menciona a ninguna persona como presunta beneficiaria irregular de la vacuna contra el Covid-19.
En la denuncia que presentaron Juez y Martínez sostuvieron que “es de conocimiento general que, una serie de funcionarios públicos (de Córdoba), violentaron la resolución ministerial nacional, cuyo cumplimiento les incumbe, al vacunarse con la primera dosis de la inyección Sputnik V, salteándose deliberadamente, el orden conformado por la disposición 2883/2020, de cumplimiento obligatorio en toda la Nación”.
En ese sentido, mencionaron que en los considerandos de la disposición reglamentaria “la campaña de vacunación contra el Sars-Cov-2 constituye una estrategia de salud pública nacional, prioritaria, equitativa, solidaria y beneficiosa para el bienestar y la salud tanto individual como colectiva de nuestros ciudadanos”.
“Si una provincia vacuna como quiere o a quien quiere, la facultad nacional de delinear una política general de salud ante una epidemia, se destruye y, frente a esa realidad, la Justicia Federal debe velar, por el recto cumplimiento de lo ordenado por el Estado Nacional”, asevera el texto de la denuncia.
Fuente: http://www.telam.com.ar
