Ante el debate que generaron estas polémicas declaraciones realizadas por el presidente de la entidad, Daniel Funes de Rioja, desde UNIR, Raúl Garat consideró que “se trató de una sugerencia” y que es una manera de visibilizar una problemática real, para buscar una solución conjunta.
Según la Unión Industrial Argentina (UIA), la normativa vigente habilita a las empresas a dejar de pagar el salario de aquellos empleados que, teniendo la posibilidad de vacunarse, deciden no hacerlo, lo que les impide volver a trabajar de manera presencial. Además no descartan que esa interpretación pueda ser judicializada.
Desde la Unión de Industrias Riojana, su vicepresidente precisó que «en abril salió una disposición del Gobierno que establecía que todas las persona que tuvieran la primera vacuna tienen que venir a trabajar, pero dejó una zona gris donde faltó especificar qué pasaba con la gente que no se quiso vacunar».
Al ser consultado sobre su postura en torno a esta polémica “sugerencia”, prefirió no emitir su postura y aseguró: «Lo importante es tomar lo que dijo Funes De Rioja para darle solución al problema». “No sirve que yo diga si estoy de acuerdo o no. Ahora hay que sentar a las partes y buscar una solución oficial, para legislar en la materia”, dijo.
