El juez Ercolini, en primera instancia, consideró que «no fue posible a pesar de la profusa investigación llevada a cabo, establecer la responsabilidad de los imputados en los hechos». El fallo beneficia además a exfuncionarios y a empresarios.
El juez federal Julián Ercolini sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a exfuncionarios de su Gobierno y a un centenar de empresarios en un tramo de la investigación por supuesta «cartelización» de la obra pública vial, abierta como derivación del llamado «Caso de los Cuadernos» de los supuestos sobornos en ese ámbito.
En una resolución de 98 carillas a la que tuvo acceso Télam, el juez de primera instancia consideró que «no fue posible, a pesar de la profusa investigación llevada a cabo, establecer la responsabilidad de los imputados en los hechos» que se investigaron en esta parte del caso, vinculados a algunos supuestos pagos ilegales mencionados por el financista «arrepentido», Ernesto Clarens.
La resolución
Ercolini sobreseyó en esta parte del caso a la Vicepresidenta, al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al exsecretario de Obra Pública José López y a Clarens, además de un centenar de empresarios de la construcción, entre los cuales están Juan Chediak, Aldo Roggio, Eduardo Eurnekian, Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Esta investigación se abrió como un derivado de la causa central por los cuadernos del militar retirado y exchofer del Ministerio de Planificación Federal, Oscar Centeno, que ya fue enviada a juicio y está en etapa de preparación ante el Tribunal Oral Federal 7.
El TOF7 también prepara para el juicio la otra parte de la causa por «cartelización» de la obra pública en la que sí hay procesamientos confirmados.
«Llegado el momento de resolver en autos, y dado que se ha agotado la etapa investigativa, al menos con relación a los imputados en los hechos desarrollados en este acápite, ante la ausencia de medidas pendientes de producción; es que habré dictar el sobreseimiento», agregó Ercolini.
En el caso de los empresarios, fueron vinculados «sustancialmente» como «propietarios, autoridades o empleados de determinadas empresas cuyo único lazo con la causa, es su mención en algunos de los listados emitidos por los organismos oficiales (de la DNV o la Secretaría de Energía), mas las empresas no fueron mencionadas en listados, ni anexos; ni por testigos, ni arrepentidos», puntualizó.
Las nuevas pruebas incorporadas al caso al profundizarse la pesquisa por orden de la Cámara Federal porteña, que había dictado la falta de mérito, «no arrojaron luz respecto a la intervención de los nombrados en los acontecimientos mencionados».
La resolución firmada por Ercolini, en su calidad de juez subrogante del tribunal que encabezaba el fallecido Claudio Bonadio, comprende la parte del expediente que tenía por objetivo indagar sobre la supuesta responsabilidad de distintos empresarios en entregas de dinero al financista Clarens y a López.
Bonadio había procesado a los empresarios pero esa decisión fue luego revertida por la Cámara Federal porteña, que señaló que no todos los que aparecían en listados oficiales aportados durante el Gobierno de Mauricio Macri -desde Vialidad Nacional, por ejemplo- eran responsables de los delitos endilgados.
«Obsérvese que en muchos casos, y a partir de la readecuación de los sucesos efectuada por la Cámara del Fuero, muchos de los empresarios y/o empleados de alto rango que fueron indagados oportunamente –más allá del temperamento expectante adoptado-, resultaron prácticamente desvinculados de la investigación, ya sea porque las empresas de las que eran responsables y/o ellos mismos no fueron mencionados en listados, ni anexos; ni por testigos, ni arrepentidos», sostuvo Ercolini.
Otros fueron desvinculados «porque habrían desempeñado roles de injerencia en las compañías antes o después de los pagos registrados en aquellas listas o no detentaban posición jerárquica alguna; o no se contaba con otra prueba más que el registro de sus comunicaciones mantenidas con alguno de los funcionarios intervinientes en la maniobra, y/o el intermediario. Estas valoraciones actualmente deben mantenerse y las hago propias, ya que no fue posible a pesar de la profusa investigación llevada a cabo, establecer la responsabilidad de los imputados en los hechos referidos en este resolutorio», enfatizó.
En la misma resolución, Ercolini procesó al imputado Gustavo Dalla Tea, de la empresa CPC, por presunto «cohecho activo».
