La abogada Andrea Pérez, directora de representación y mandatos dependiente de la Secretaría Legal y Técnica de la UNLAR, explicó que la decisión de la Justicia Federal de La Rioja de que la institución continúe pagando a los trabajadores del Hospital de Clínicas que judicializaron su reclamo es “provisoria”. Pérez subrayó que esta situación genera un perjuicio para la institución, que debe seguir utilizando los fondos de funcionamiento hasta que la Cámara Federal de Córdoba defina la cuestión de fondo.
El juez federal de La Rioja, al dictar las medidas cautelares, consideró que estas resoluciones eran necesarias, en vista de que la situación se había convertido en un tema de urgencia debido a la naturaleza de los reclamos. Sin embargo, la Universidad ha expresado su intención de apelar estas decisiones, destacando ciertos desafíos legales en el camino.
Uno de los puntos críticos que ha surgido es la necesaria anulación de la resolución 477 del 2018, que establecía el pago del adicional de asistencia. Esto implica dirigir una acción de nulidad, una estrategia que requiere que el Rector plantee esta solicitud, posiblemente requiriendo también la aprobación del Consejo Superior. Esto es esencial, ya que no se está recibiendo presupuesto de Nación para el pago de dicho suplemento, lo que complica aún más la situación financiera de la Universidad.
De acuerdo con la normativa vigente, la vía judicial para anular dicha resolución exige un procedimiento ordinario, ya que el amparo únicamente aborda cuestiones de urgencia y provisorias. Por lo tanto, la Universidad se encuentra en la obligación de solicitar la nulidad de la resolución 477 en su conjunto, dado que este componente es fundamental para evitar la continuidad de pagos que no cuentan con respaldo presupuestario.
Las cautelares tienen una vigencia limitada, ya que en este caso fueron dictadas por un período inicial de seis meses, que concluirá en diciembre. Esto significa que la resolución de la cuestión de fondo aún no se ha abordado y deberá debatirse en un proceso que podría prolongarse. Mientras tanto, los empleados seguirán percibiendo sus salarios bajo las condiciones existentes hasta que se tomen decisiones finales.
«Aún estamos en un proceso complejo, y este procedimiento requiere prudencia. Nuestra intención es cumplir con los derechos de los trabajadores dentro de los márgenes que nos permite la normativa», afirmó Pérez, quien agregó que los empleados judicializados están actualmente trabajando en el hospital, cumpliendo con las instancias y requisitos que la ley establece.
«La UNLaR está defendiendo el patrimonio universitario», agregó Pérez, enfatizando la importancia de proteger los recursos en beneficio de la comunidad educativa.
