La de este martes fue la cuarta salida en menos de dos semanas de Jeanine Áñez, en todos los casos para pasar por exámenes de salud. Hubo protestas de familiares de las víctimas durante su gobierno y de las otras reclusas del penal.
La expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez fue trasladada este martes a una clínica de la ciudad de La Paz para que se le practiquen algunos exámenes médicos, tres días después de que se autolesionase como forma de protesta por su situación de arresto mientras se confirmaba una ampliación de la denuncia de golpe de Estado por la que está en detención preventiva desde marzo pasado.
«Ha sido traída para un estudio neurofisiológico; se trata de exámenes complementarios solicitados por una junta médica», explicó Mónica Molina, responsable del consultorio privado al que fue trasladada la expresidenta en medio de una gran atención mediática.
Afuera del centro médico, decenas de familiares de las víctimas de masacres políticas de 2019, por las que Áñez está también en vías de ser procesada, se juntaron para reclamar justicia y protestar contra los cuidados poco habituales que recibía la exgobernante de facto.
Molina dijo que los resultados de los nuevos estudios practicados a Áñez podrían conocerse hoy mismo, «porque se trata de un caso importante», reportaron la agencia de noticias Sputnik y el sitio de Unitel.
«Es un estudio simplemente; se va a ver si los nervios y los músculos están funcionando adecuadamente. Eso es todo», añadió la médica, ante preguntas sobre la posibilidad de que sea internada en un centro psiquiátrico, tal como sugirieron varios médicos privados a medios locales.
La de este martes fue la cuarta salida en menos de dos semanas de Áñez, en todos los casos para pasar por exámenes de salud.
Tras la vuelta de la expresidenta de facto a la cárcel, las reclusas iniciaron protestas y amenazaron con amotinarse si persistían los «privilegios» que, según dijeron, fueron dados por las autoridades a Áñez.
«¿Por qué tanto privilegio para la señora Áñez? Aquí no hay una presa, aquí somos 54 las presas, todas somos humanas y exigimos un trato igualitario, ¿o acaso no tenemos derechos», expresó la representante de las reclusas, que se identificó como Vanessa Cartagena, citada por la cadena radial Éxito.
Cartagena acusó a Áñez de fingir malestares para llamar la atención y aseguró que la expresidenta recibe alimentación de fuera de la cárcel y visitas cotidianas, incluso nocturnas, a las que las demás detenidas no tienen derecho.
«Aquí adentro ella no está como se hace ver afuera, donde parece toda debilitada. Aquí se mueve, hace ejercicios, se hace arreglar el cabello y si no come es porque no quiere. Tampoco realiza las tareas comunes de las internas, de limpieza, cocina y otros menesteres», señaló.
Áñez fue diagnosticada con «hipertensión» y «ansiedad» por médicos que la revisaron tres veces la semana pasada, y a ese cuadro se sumó el de una creciente desnutrición con pérdida de peso, según medios locales que refirieron reportes oficiales que señalaron que la reclusa rechazaba alimentos con frecuencia.
Además, tuvo hoy otra mala noticia porque la exdiputada socialista Lidia Patty, que presentó la denuncia original de golpe, amplió su acusación para agregar el delito de violencia política.
«La primera (denuncia) es por terrorismo, sedición y eso está en curso; ahora se está ampliando por violencia política, precisamente porque (a Patty) no se la ha dejado ejercer su cargo como diputada en esos momentos del golpe. Ha habido violencia política», explicó el abogado de Patty, Marcelo Valdez.
Indicó que esta misma situación habría afectado a la expresidenta del Senado, la también socialista Adriana Salvatierra, cuyo ingreso al palacio legislativo durante la crisis de 2019 fue impedido por policías, según mostraron imágenes de video esos días.
Por separado, la Fiscalía General tramita al menos cuatro juicios de responsabilidades contra Áñez, por presuntos delitos cometidos en su gestión gubernamental, incluidas masacres políticas.
