Bolivia busca aprobar medidas «a lo Bukele» para endurecer penas de delincuentes

El presidente Luis Arce remarcó la necesidad de combatir el «robo menor» verificado mediante cámaras de seguridad ante el incremento de la criminalidad en las ciudades y zonas rurales y la impunidad en torno a estos delitos.

El Gobierno de Bolivia informó que envió al Legislativo de un proyecto de ley que propone castigar el robo en flagrancia con siete años de cárcel, sin derecho a indulto, y sentenciar a los acusados en procesos sumarios para disminuir la inseguridad ciudadana.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó el proyecto de ley ‘Lo ajeno no se toca’ en un acto en la casa de Gobierno en La Paz, al que asistieron el presidente del país, Luis Arce, entre otras autoridades nacionales, jefes policiales, funcionarios y sindicalistas afines al Ejecutivo.

Arce remarcó la necesidad de combatir el «robo menor» verificado mediante cámaras de seguridad ante el incremento de la criminalidad en las ciudades y zonas rurales y la impunidad en torno a estos delitos.

«De lo que se trata es que combatamos esa impunidad y encarcelemos a quienes no cuidan los bienes del pueblo boliviano y quieren apropiarse de lo ajeno. Por eso decimos lo ajeno no se toca», sostuvo.

Del Castillo explicó por su parte que el proyecto introduce el tipo penal de «apoderamiento flagrante de cosa ajena», que será castigado con siete años de cárcel sin derecho a indulto y dos años adicionales en caso de reincidencia.

Según el ministro, también se considerará un «agravante» el que el perpetrador sea extranjero indocumentado.

La norma propuesta establece que policías y personas particulares podrán arrestar a quienes sean encontrados robando «en flagrancia», o identificados mediante cámaras de seguridad, señaló.

Además, la Fiscalía ya no tendrá que emitir una imputación, pues se les aplicará un «procedimiento sumarísimo penal» por el que habrá sólo una audiencia en la que se dictará sentencia, agregó.

También se prevé crear una unidad de inteligencia «anti robos» para infiltrar agentes en mercados populares y lugares públicos con alta criminalidad.

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