La abogada Carola Flores, a cargo de la Unidad de Auditoria Interna de la UNLaR explicó los mecanismos de control a los que son sometidos las universidades nacionales, desmitificando la falta de control de sobre los recursos.
Por ley, las instituciones universitarias nacionales deben ser controladas por la Auditoría General de la Nación (AGN). Este organismo debe contemplar en su Plan de Acción Anual las auditorías a los establecimientos de educación superior.
“Las universidades públicas de Argentina tienen un doble control. Uno externo a cargo de la AGN, creada en el año 1992, con la sanción de la Ley de Administración financiera N° 24156 y un control interno a través de las unidades de control interno pertenecientes a cada una de las universidades”.
Ambas unidades de contralor, se encargan de examinar los registros financieros, las transacciones y los documentos justificativos, por lo que son intencionalmente falaces las amenazas de varios funcionarios del Gobierno -incluido el Presidente- que, para desacreditar la demanda de fondos exigida por la totalidad de los rectores de las universidades públicas, amenazan e intentan sembrar sospechas sobre la administración para desfinanciar las universidades.
Flores señaló que el mecanismo de control funciona posterior al procedimiento administrativo. El congreso debería haber aprobado un presupuesto, que no se realizó y las universidades se encuentran tratando de sobrevivir con un presupuesto reconducido.
“Actualmente no tenemos presupuesto y ocasionalmente se envían desde Nación partidas discrecionales. Hay que aclarar que una cosa es el control y otra es el desfinanciamiento que propone el gobierno de Javier Milei”, indicó la responsable de auditoría interna.
Es de destacar que en la UNLaR el plan anual de auditoria es elevado al Consejo Superior para su aprobación y distribución, mientras que las rendiciones se solicitan con posterioridad a la ejecución. “Actualmente se está ejecutando el ejercicio 2023”, concluyó Flores.
