El reciente arresto de Aguilar Vargas pone en el centro del debate los pasos en la administración de justicia y la exposición mediática de personas antes de comprobar su responsabilidad. Su abogado, Adrián Bustos, denuncia la negligencia del Juzgado de Violencia de Género Nº2, que ordenó su detención por un supuesto incumplimiento alimentario, cuando en realidad su defendido había cumplido con sus obligaciones.
El pasado fin de semana, Aguilar Vargas fue arrestado en su domicilio y trasladado a la comisaría quinta, donde se le notificó que quedaría detenido por 72 horas. Sin embargo, según registros judiciales y comprobantes de pago presentados por su defensa, la deuda alimentaria que motivó su detención no existía. «Mi cliente ya pasó dos días preso por un error judicial», afirmó Bustos.
El abogado subrayó que no está en contra de que se detenga a padres que incumplen con la manutención de sus hijos, pero insiste en que, en este caso, su defendido sí ha realizado los depósitos correspondientes. «Este es un caso muy preocupante. Se cometió un error y ahora trabajamos para reparar el daño causado», agregó.
Además de la privación de su libertad, Aguilar Vargas ha sufrido una fuerte exposición mediática. Su imagen circuló en redes sociales, etiquetándolo como un incumplidor, a pesar de que la documentación judicial demuestra lo contrario. «Él quiere limpiar su nombre y dejar claro que la situación no es como se ha comentado», explicó Bustos.
El caso generó gran interés en la provincia de La Rioja, donde no es común la detención de personas por incumplimiento alimentario. Si bien Bustos reconoce que muchos padres efectivamente no cumplen con sus obligaciones, insiste en que su cliente no debería haber sido privado de su libertad bajo esa acusación.
La defensa de Aguilar Vargas ha solicitado que se le dicte el sobreseimiento en la causa penal, ya que está imputado por un delito que no cometió. «No podemos remediar el daño de su detención. Ya estuvo dos días en la cárcel. Pero sí podemos trabajar para limpiar su imagen y pedir la retractación de quienes lo acusaron», sostuvo Bustos.
Hasta el momento, no se ha iniciado ninguna acción directa contra la jueza responsable de la orden de detención, la doctora Flamini, del Juzgado Nº2. Sin embargo, Bustos expresó preocupación por la forma en que se gestionó el expediente. «Se actuó de manera errónea, equivocada y negligente. No se verificaron los depósitos judiciales que ya habían sido realizados», afirmó.
Si bien Bustos no puede confirmar si existe un vínculo cercano entre la denunciante y la justicia, considera llamativo que la orden de detención se haya emitido en un fin de semana sin una revisión exhaustiva del expediente. «La separación de mi cliente tuvo complicaciones, y desde entonces ha habido disputas por la cuota alimentaria. Él sufrió un cambio económico importante tras la ruptura, quedándose sin trabajo, y ajustó los pagos en función de sus posibilidades», explicó.
Actualmente, Aguilar Vargas no tiene contacto con sus hijos desde hace tres años, lo que su abogado atribuye a las dificultades en la relación con la progenitora. «Vamos a proceder con una denuncia por impedimento de contacto», anunció Bustos.
Como parte de la reparación del daño, la defensa de Aguilar Vargas planea solicitar una retractación pública por parte de quienes han difundido información errónea sobre su caso. «Queremos una conferencia de prensa y una disculpa pública para limpiar su imagen», confirmó Bustos.
