La justicia local atraviesa una grave crisis institucional, marcada por un caso de grooming que involucra a una menor de 11 años y el cuestionamiento hacia la actuación del sistema judicial. La familia de la menor denuncia que un funcionario judicial de alta jerarquía, junto con otros jueces, habrían participado en una opaca y prolongada gestión judicial que ahora alarma a la comunidad y a los organismos defensores de derechos.
El abogado Sergio Gómez, representante legal de la familia, detalló a nuestro medio que la denuncia por grooming fue presentada en 2021. La menor recibió mensajes con contenido sexual explícito a través de WhatsApp de parte de un funcionario de más de 60 años, actualmente en funciones en el Tribunal Superior de Justicia. La familia, tras denunciar el caso, acusó a la justicia de demorar la tramitación administrativa y judicial —la causa penal está a solo tres meses de prescribir—, lo que potencialmente permitiría la impunidad del acusado.
Gómez señaló que esa demora está relacionada con la adopción de un recurso de casación que duró casi dos años en el Tribunal Superior, dilatando el avance de la causa. La falta de respuestas claras y la negativa a proporcionar información pública por parte del tribunal, específicamente del juez Claudio Ana, generan una profunda sospecha sobre la transparencia y la gestión en la justicia riojana.
El abogado afirmó: “Solicité conocer quién era el juez responsable en ese proceso, pero la respuesta fue negativa. La negativa de información por parte del Tribunal es un claro atentado contra la transparencia y la confianza pública. La familia ha decidido elevar la denuncia ante la Cámara de Diputados, solicitando un juicio político contra el juez Ana.”
Este caso ha despertado un fuerte clamor social que incluye una marcha prevista para este viernes, en busca de mayor transparencia y depuración del sistema judicial. Gómez enfatizó: “La justicia debe dar el ejemplo—celeridad, transparencia y control efectivo. Si los jueces del Tribunal Superior no dan respuestas, el sistema entero está en crisis.”
El rechazo social a las decisiones de los jueces y el entorno del juez Ana no solo se relacionan con este caso, sino con la percepción general de que el sistema judicial en La Rioja se muestra lento y opaco. La población reclama cambios profundos, mayor control en redes sociales, más controles parentales y una revisión de las prácticas que están permitiendo que causas graves, como esta, se paralicen por años.
Gómez añadió que la demora de 2 años para resolver la casación, sumada a la paralización de causas, refleja una disfunción en el funcionamiento de la justicia riojana, donde los plazos parecen estar sujetos a intereses internos, mientras que los procesos de los jueces inferiores deben cumplirse estrictamente.
Caso Troncoso: Una situación de riesgo y frustración
Paralelamente, Gómez informó sobre el progreso del caso de un detenido, Flores, Nelson Eduardo, investigado por delitos graves, incluyendo doble tentativa de homicidio, en medio de una causa que se encuentra en etapa de instrucción. El detenido no prestó declaración de indagatoria y fue trasladado al penal, alegando dificultades de salud en la alcaldía. Su prontuario incluye causas abiertas por robo, hurtos, lesiones graves y violencia de género.
El abogado criticó: “Este hombre ha mostrado un prontuario peligroso y es preocupante que esté libre, considerando sus antecedentes y causas abiertas por delitos graves, incluyendo la doble tentativa de homicidio, y que aún no haya sido condenado.”
La marcha convocada para el viernes busca presionar por mayor transparencia, justicia efectiva y depuración del sistema judicial. Los procesos no pueden seguir dependiendo de intereses internos o demoras que favorecen la impunidad, sobre todo en casos de vulnerabilidad como el de una menor de 11 años, concluyó el letrado.
