El gobierno nacional decidió disminuir en un 30 por ciento el gasto que genera el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTI) y en ese contexto quedó afectado la Unidad de Extensión de Chilecito, donde trabajan dos profesionales con más de 20 años de antigüedad. Las oficinas de la Unidad no pagaban alquiler, ni servicios, ni contaban con autos oficiales.
Silvina Monti, técnica superior en industria alimentaria, que forma parte de la Unidad de Extensión del INTI de Chilecito, señaló que «es discriminatorio y antifederal” lo que están haciendo desde la Nación. La profesional trabaja hace más de dos décadas en el organismo y es la única especialista en alimentos de La Rioja.
En diálogo con Multimedio UNLAR, Monti explicó que la decisión del gobierno nacional de cerrar las unidades de extensión que no tienen laboratorio es “totalmente arbitrario” y poco tiene que ver con la idea de disminuir gastos de funcionamiento. Asegura que en Chilecito no alquilan ni pagan servicios, que trabajan en un espacio que les cede el gobierno provincial y que cuando tienen que movilizarse usan sus autos particulares.
El INTI suele tener unidades de extensión en el interior de las provincias y quienes trabajan ahí fueron puestos a disponibilidad y forzados a trasladarse a las ciudades donde se encuentran las centrales, como condición para mantener sus fuentes de trabajo.
Entre diferentes logros del organismo nacional en la Perla del Oeste, se encuentra el trabajo coordinado con Agricultura Familiar y pequeños productores nogaleros; los PUPAS (Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos) que asesoraba a vendedores ambulantes; y la asistencia a la SAPEM que produce uvas orgánicas de exportación en relación a normas de responsabilidad social, entre otras acciones y actividades, además del dictado permanente de diversas capacitaciones.
Las páginas institucionales del organismo nacional y quienes han utilizado sus servicios como empresas pymes, gobiernos locales y particulares, coinciden en que el INTI es una institución vital dentro del ecosistema de investigación y desarrollo tecnológico y económico de la Argentina. Desde su origen su objetivo ha sido apoyar los procesos de industrialización, asistiendo a aquellos sectores que requieren tecnología para su crecimiento. Forma parte, junto con otras instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), una matriz que surgió en la década de 1950 y que busca acompañar la diversificación de la economía para hacerla más competitiva y autónoma.
