La reciente discusión sobre la Ley 27.756, sancionada por el Senado la semana pasada, ha generado un amplio debate acerca de la situación actual de los jubilados en el país y los aumentos que les corresponden. Esta normativa, que fue vetada por decreto presidencial, planteaba importantes incrementos en los haberes de los jubilados, en respuesta a las deficiencias en la movilidad previsional y la inflación.
Sandra Vanni, Secretaria de Gestión Previsional, explicó que la ley disponía el pago de un 8.2% a los jubilados, el cual se consideraba necesario para saldar la deuda que se había acumulado desde enero, cuando la inflación alcanzó un 20.5%. Según cálculos realizados por abogados previsionales, el incremento del 8.2% representaría un monto aproximado de 1.613.7 millones de pesos necesarios para pagar a los cinco millones de jubilados que perciben la mínima. Esto sugiere que el equilibrio fiscal podría no estar tan vulnerado como se argumenta, ya que el dinero estaría disponible para cubrir este aumento.
El veto de esta ley, publicado en el Boletín Oficial, ha devuelto la normativa a la Cámara de Diputados, donde se requiere una mayoría de dos tercios para su aprobación final. A pesar de que la ley era considerada favorable para los jubilados, el veto presidencial ha abierto un nuevo capítulo de incertidumbre sobre el futuro de la movilidad previsional en el país.
Vanni continuó señalando que, aunque la nueva ley podría haber sido la mejor modificación en la fórmula de movilidad jubilatoria, el sistema actual aún presenta falencias. Al comparar con la administración anterior de Alberto Fernández, mantuvo que los ajustes cada tres meses tampoco eran favorables para los jubilados. Su opinión personal se inclina hacia un sistema de movilidad inspirado en el modelo suizo, que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y los salarios, aplicando mensualmente el índice que resulte mayor. Esto, argumentó, garantizaría que los jubilados mantuvieran la misma calidad de vida que tenían como trabajadores activos.
El incremento del bono a jubilados, que actualmente representa un 27% del haber mínimo, ha sido criticado por no formar parte del cálculo del aguinaldo, lo que podría perjudicar aún más a aquellos jubilados que ya están pasando por dificultades económicas. Con la jubilación mínima alcanzando los 300.000 pesos, la diferencia respecto a la canasta básica también ha sido objeto de análisis.
En este contexto, Vanni destacó que la provincia ha implementado una adicional jubilatoria provincial de 75.000 pesos que se abona mensualmente a todos los empleados públicos que acceden a su beneficio jubilatorio. Sin embargo, se ha comenzado a intimar a aquellos que tienen 70 años o más, dado que en la administración pública hay sectores con personal de edad avanzada. Hasta la fecha, se han iniciado 1.098 trámites jubilatorios, de los cuales 786 son espontáneos y 400 han sido notificados. Es fundamental que los interesados realicen simulaciones del haber previsional para conocer lo que percibirán al jubilarse, considerando también el adicional que se paga mensualmente.
Por otro lado, se han registrado medidas legales, denuncias y amparos relacionados con el veto presidencial y la falta de acceso a medicamentos, señalando un clima de maltrato hacia los adultos mayores. Vanni destacó que muchos jubilados, siendo el sector más vulnerable de la sociedad, están sufriendo recortes sistemáticos en sus prestaciones.
Finalmente, sobre las estrategias a implementar para mejorar la situación de los jubilados en La Rioja, donde muchos están siendo intimidados para jubilarse con haberes por debajo de la mínima, Vanni enfatizó que se están considerando medidas, aunque los detalles específicos aún estaban en discusión.
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