La comunidad de personas con discapacidad, sus familiares y defensores de derechos humanos mantienen su movilización y lucha ante el reciente veto a la ley de emergencia en materia de discapacidad por parte del presidente Javier Milei, una decisión que ha generado rechazo y preocupación en todo el país.
Desde la provincia de La Rioja, María Gianoglio, mamá de Ana, una joven con síndrome de Down, y parte del colectivo de discapacidad, dialogó en exclusiva con Multimedio UNLaR para expresar la gravedad de la situación. “El veto dolió más de lo esperado, no solo nos sorprendió, sino que representa un golpe a los derechos que estamos intentando proteger”, afirmó Gianoglio.
La ley de emergencia buscaba fortalecer las políticas públicas destinadas a la población con discapacidad, garantizando recursos para terapias, medicamentos, prótesis y servicios esenciales. Sin embargo, el veto del Ejecutivo Nacional recortó estos recursos, poniendo en jaque la atención de miles de personas en todo el país.
María explicó que tras la desregulación de las obras sociales, muchas terapias, medicaciones y ayudas técnicas no son cubiertas, obligando a las familias a hacer gastos extras que en muchos casos, representan gastos imposibles de afrontar. “Mi hija Ana necesita una operación en la vista, cuyo costo es de aproximadamente 3.800.000 pesos, un monto muy difícil de pagar sin una cobertura sólida. La falta de recursos afecta directamente su calidad de vida”, indicó.
La situación, además, se agrava por los retrasos en los pagos por parte de las obras sociales, que en algunos casos llegan a entregarse con meses de retraso, poniendo en riesgo a quienes necesitan atención continua. “Cada prestador, cada familia, enfrentan dificultades enormes cuando no hay un respaldo económico claro y efectivo”, aseguró Gianoglio.
Desde el colectivo, también se denunciaron las políticas del Estado que, muchas veces, parecen carecer de un enfoque humano. “No hay políticas humanas en realidad. El presidente dijo que no llega a fin de mes, pero eso no justifica recortar la asistencia a quienes más lo necesitan. No solo se trata de mamás con niños, sino de personas adultas y adultas mayores que viven vulnerables”, expresó.
En particular, Gianoglio compartió la historia de su hija Ana, quien nació con un déficit visual. La cirugía que necesita tiene un costo exorbitante y, hasta ahora, no ha sido cubierta por la obra social. “Esa operación mejoraría su visión, su seguridad y calidad de vida. Sin ella, su desarrollo se ve limitado”, explicó.
En respuesta a esta realidad, en La Rioja se realizó una movilización en la plaza 25 de Mayo, donde familiares, organizaciones y vecinos se unieron para reclamar por sus derechos y exigir que los recursos para discapacidad sean garantizados.
El colectivo también se reunió con representantes, entre ellas la diputada nacional Hilda Aguirre de Soria, quien manifestó su compromiso de intentar revertir el veto en el Congreso. Desde el gobierno local, se aseguró que se están haciendo esfuerzos para brindar asistencia en forma de módulos alimentarios, medicación y pañales, en la medida de las posibilidades.
Por su parte, las declaraciones de Diego Español, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, respecto a que la ley de emergencia sería una política “regresiva” que posterga la verdadera inclusión, fueron rechazadas por Gianoglio y otros integrantes del colectivo. “La inclusión no es solo palabras, es acción concreta. Nosotros luchamos por nuestros derechos constitucionales, no por asistencialismo”, afirmó.
Las voces de las familias y las organizaciones llaman a la reflexión y a la acción conjunta para garantizar una verdadera política inclusiva y solidaria que respete los derechos de las personas con discapacidad en todo el país. La lucha continúa.
