El abogado y militante por los derechos del colectivo, Juan Cruz San Martín, advierte sobre la gravedad de los recortes y la desprotección actual
En medio de un contexto de recortes y cambios administrativos que amenazan los derechos de las personas con discapacidad, Juan Cruz San Martín, abogado especializado y activista, hizo una profunda denuncia sobre la grave situación que atraviesa el sistema en Argentina.
“La situación es calamitosa”, afirmó San Martín. Según su análisis, las medidas del gobierno en los últimos año y medio están dificultando el acceso a prestaciones fundamentales, poniendo en riesgo la calidad de vida de millones en el país.
Uno de los cambios más preocupantes, explica San Martín, es la reducción de los acompañantes terapéuticos y las terapias por profesionales externos. “Las familias que antes tenían cinco días de acompañamiento ahora solo tendrán tres, lo que significa que dos días no tendrán ese soporte. Los tratamientos también se reducirán en frecuencia, y las familias probablemente deberán pagar de su bolsillo para mantener las terapias, lo que en muchos casos será insostenible”, detalló.
Este ajuste no solo impacta en el acceso, sino que también puede generar una situación de «mercantilización» del apoyo: “Se empezará a ver que los padres y madres tendrán que pagar hasta 7.000 o 10.000 pesos por sesión, porque si no, no podrán sostener a sus seres queridos”, advirtió San Martín.
De acuerdo con datos internacionales, aproximadamente el 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad. Traducido a Argentina, esto significa unos 7,5 millones de personas. Sin embargo, San Martín aclara que no todos acceden o necesitan las mismas prestaciones. Solo unas 250.000 personas que requieren atención especializada asisten a centros de día, escuelas especiales o hogares en todo el país.
“Si solo el 0,0008 del PBI se destinara para sostener un sistema que garantice atención y dignidad a estas personas, la mejora en su calidad de vida sería enorme”, subrayó. En la actualidad, el gasto real para tratar a esta población está muy por debajo de ese porcentaje, lo que evidencia el desfinanciamiento y la insuficiencia de recursos.
Desprestigio y campañas de desinformación
San Martín también cuestionó las campañas oficiales que justifican recortes mediante auditorías y denuncias de corrupción no comprobadas. “Se hablaba de casos con radiografías de perros o documentos falsos, pero en realidad, estas denuncias carecen de fundamentos sólidos y responden a una estrategia de ‘posverdad’ para deslegitimar y reducir aún más los derechos adquiridos”, afirmó.
Para el experto, estos argumentos ocultan una realidad mucho más grave: una política de ajuste que impacta directamente en la vida de los más vulnerables.
Además, los profesionales que trabajan en el sector han visto cómo sus remuneraciones, que en diciembre de 2023 aumentaron solo un 10%, no alcanzan para cubrir los costos del país que, en un contexto inflacionario, por ejemplo, hace que una sesión de terapia que antes costaba 5.000 pesos ahora pueda requerir hasta 10.000 pesos. Esto genera una escasez de profesionales y una significativa merma en la calidad de los servicios.
El transporte, otro de los servicios críticos, también se ve afectado: los pagos a los transportistas son atrasados y la financiación por kilómetro ha bajado, además de pagarse en plazos que superan los 180 días, dificultando aún más la movilidad de quienes requieren estos servicios.
¿Qué pasa con la protección de la población vulnerable?
San Martín enfatiza que, en Argentina, el sistema de protección de las personas con discapacidad ha sido considerado un ejemplo en el mundo, incluso mejor que en países de Europa. “Es un país que puede y debe mantener su dignidad y sus derechos, pero la desindignificación y los recortes actuales nos van llevando a un escenario en el que muchas personas quedarán desprotegidas”, advirtió.
El experto afirma que el Estado debe fortalecer sus mecanismos de control y evitar que los casos de corrupción sean utilizados para justificar la pérdida de derechos. La protección de este 15% de la población, que en cifras oficiales representan millones de argentinos, no puede depender solo de la buena voluntad sino de una política pública sólida y transparente.
Finalmente, San Martín plantea una reflexión ético-social: “¿Qué hacemos como sociedad si el sistema de prestaciones básicas desaparece? ¿Nos convertiremos en una sociedad que delega la responsabilidad en la policía? ¿Somos un tejido social o solo individuos viviendo en el mismo territorio? La dignidad y los derechos no pueden ser negociados en una época electoral”.
