La jueza Alicia Valdéz, experta en derecho penal juvenil, compartió su perspectiva sobre la propuesta de reducción de la edad de imputabilidad en una reciente entrevista, donde subrayó la complejidad del tema. “Estamos ahí con pocos minutos, pero sí, por supuesto nos interesa. El tema es que en el imputado no se le puede aplicar una pena; no va a haber un juicio de la Cámara Criminal y Correccional que me aplique una pena privativa de libertad. Sin embargo, es importante señalar que en el caso de un hecho delictivo cometido, se lleva a cabo la investigación pertinente”, explicó Valdéz.
Valdéz destacó que la intervención del sistema judicial en estos casos se realiza con dos objetivos: por un lado, para determinar la verdad de la situación, dado que hay una víctima que ha sido afectada por un delito, y por otro lado, para garantizar el derecho de defensa de la persona acusada. “La aplicación de la ley implica escuchar a todas las partes involucradas: tanto a los testigos como a los jóvenes implicados. Esto nos permite comprender mejor qué tipo de delitos son los más frecuentes”, añadió.
En este sentido, la jueza mencionó que, generalmente, los delitos cometidos por adolescentes están relacionados con la propiedad, y recalcó que la mayoría de los incidentes no son de gran gravedad. “Los delitos suelen ser hurtos sin fuerza, así como lesiones derivadas de peleas. Esto refleja una realidad que se aborda bajo el marco de la ley provincial de niñez 800848, que tiene previsto un enfoque específico para la parte penal juvenil”, detalló.
Sin embargo, Valdéz resaltó un problema crítico: la falta de recursos estatales para abordar realmente la vulneración y tratar los casos actuales. “Desde la primera intervención, cuando se percibe alguna situación, no hay suficientes recursos para prevenir adecuadamente. La disponibilidad de dispositivos es escasa, especialmente cuando hablamos de temas vinculados a la justicia juvenil, como las adicciones”, lamentó.
Además, Valdéz enfatizó la necesidad de contar con un enfoque más integral y diferenciado en la atención a los adolescentes. “En la prevención, así como en la parte punitiva, debería existir la variedad de dispositivos necesarios para que, de acuerdo a la situación de cada adolescente, se pueda gestionar adecuadamente su caso. No se puede enviar a todos al mismo lugar de privación de libertad, ni a otro que solo funcione como un dispositivo residencial. Este proyecto revela una ignorancia total respecto de la materia de niñez y adolescencia. Hay un desprecio hacia los niños y adolescentes, así como un sesgo discriminatorio, al enfocarse únicamente en un sector de los adolescentes, sin considerar que todos están en riesgo de caer en el sistema”, argumentó.
Valdéz concluyó resaltando que, para niños y adolescentes, la privación de libertad debe ser la última medida. “Privar de la libertad a un joven en desarrollo puede tener consecuencias terribles. La respuesta del Estado no debería ser punitiva; debe buscar alternativas que favorezcan la rehabilitación y el acompañamiento hacia una reinserción social exitosa”, sentenció.
Finalmente, la jueza identificó el tema como sumamente extenso y anticipó la posibilidad de seguir abordándolo en futuras ocasiones. Agradeció el espacio brindado para discutir un asunto tan complejo y relevante, enviando un abrazo y expresando su compromiso con la causa. “Gracias por permitirme hablar sobre un tema que nos compete a todos”, finalizó.
