El presidente del Colegio de Arquitectos de La Rioja, Hernán Álamo, advirtió sobre los peligros del proyecto de ley presentado por La Libertad Avanza, que busca crear un registro profesional único a nivel nacional, eliminando las matrículas provinciales y las tasas que actualmente gestionan los colegios profesionales en Argentina.
En una entrevista con Multimedio UNLaR, Álamo explicó que la iniciativa propone hacer gratuita la matrícula y un registro centralizado gestionado por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, lo cual, según su opinión, implica un riesgo potencial para la seguridad y responsabilidad ciudadana. “El año pasado en Villa Gessel, todavía estamos en instancias judiciales —quién firmó el plano, si la municipalidad autorizó, si hubo permisos— y todo eso va a desaparecer. Ahora, si se cae un techo en tu cabeza, ¿a quién le reclamas? Nadie será responsable”, advirtió.
El arquitecto resaltó que, en la actualidad, los colegios ejercen funciones críticas como garantizar que los profesionales tengan la idoneidad necesaria, controles de ética y responsabilidad. Los colegios verifican antecedentes penales, denuncias, y controlan la responsabilidad en obras y servicios. Sin estos registros y controles, el riesgo de malas praxis, usurpación de títulos, o incluso lavado de dinero, aumentaría exponencialmente.
Álamo indicó que, con la desaparición de los controles, sería imposible verificar si un arquitecto, médico, abogado o contador está habilitado para ejercer o si cumple con las normativas vigentes. Por ejemplo, en el caso de los planos, actualmente se verifica si el profesional está habilitado y sin denuncias penales. Sin un control centralizado, las municipalidades o la justicia tendrían que consultar a nivel nacional, lo cual resulta inviable y genera inseguridad jurídica.
Asimismo, alertó sobre la posible pérdida de control en aspectos como los balances y la prevención de delitos económicos. “¿Cómo evitarán que un contador haya cometido lavado de dinero si no habrá supervisión del consejo?”, cuestionó. “Esto generaría una ‘anarquía’ profesional, donde nadie controla ni regula nada, y las instituciones intermedias que hoy cumplen con esa función desaparecerían”, agregó.
Desde La Rioja, distintas federaciones de colegios profesionales trabajan en conjunto para oponerse al proyecto. Álamo señaló que, a través de la Federación Argentina de Colegios de Arquitectos y Urbanistas y la Federación Argentina de Ingenieros, están emitiendo comunicados de rechazo y esperando reuniones con diputados para definir una postura oficial que informe a la sociedad sobre los riesgos.
Álamo subrayó la importancia de mantener un sistema de regulación que garantice la calidad y seguridad de los servicios profesionales. «Es fundamental que la ciudadanía confíe en que el profesional que contrata cumple con todos los requisitos y que en caso de problemas, tiene a quién reclamar.»
Cabe destacar que este tipo de leyes, denominadas en el proyecto “ley convenio”, requieren de varias instancias en la legislación provincial y nacional para su aprobación y aplicación. El arquitecto concluyó que, aunque existe una resistencia fuerte, hay que permanecer atentos a los avances y seguir movilizándose para defender un sistema regulatorio que proteja a la sociedad y fomente la responsabilidad profesional.
