La resolución 1050/2021 de la Secretaría de Comercio Interior requirió a las empresas «incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada para evitar el desabastecimiento». El Gobierno nacional hizo efectiva este miércoles la decisión de retrotraer al 1 de octubre y congelar hasta el 7 de enero próximo los precios de 1.432 productos de consumo masivo, a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 1050/2021 de la Secretaría de Comercio Interior, donde se advirtió que se han «verificado aumentos generalizados» que «resultan irrazonables y no se corresponden con las variaciones recientes de las estructuras de costos de producción».
La resolución estableció la «fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor para todos los productores, comercializadores y distribuidores» de 1.432 productos de consumo masivo en todo el territorio nacional.
También requirió «a las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización de los productos incluidos (en el listado) a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada, y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el período de vigencia de la presente medida».
La canasta contendrá necesariamente los siguientes rubros: almacén, limpieza e higiene y cuidado personal
La normativa indicó que la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores publicará en su página web de forma destacada los precios máximos de venta al consumidor final para cada uno de los productos alcanzados por la presente resolución.
Según informó la Secretaría de Comercio Interior anoche, «la lista acordada comprende un diverso espectro de 1.432 artículos, que incluye tanto primeras marcas como productos de pequeñas y medianas empresas».
Por otra parte, garantiza que «en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la canasta contendrá necesariamente los siguientes rubros: almacén, limpieza e higiene y cuidado personal».
La lista acordada comprende un diverso espectro de 1.432 artículos, que incluye tanto primeras marcas como productos de pequeñas y medianas empresas
La resolución de hoy destacó que «en el último tránsito de la pandemia, coincidente con un fuerte proceso de recuperación económica, se han advertido y verificado aumentos generalizados en el precio de venta de productos tanto de alimentos para la población, así como también de productos de higiene y cuidado personal», y consideró que «resultan irrazonables y no se corresponden con las variaciones recientes de las estructuras de costos de producción».
Además, remarcó que «este aumento general de precios afecta especialmente el bienestar general de la población», y subrayó que se trata de un «extremo que exige la toma de decisiones urgentes que establezcan marcos de racionalidad y estabilidad».
La normativa precisó que de acuerdo con relevamientos realizados por Comercio Interior, se registraron «aumentos de precios que oscilan entre el 7% y el 82%».
En ese sentido, destacó que la Secretaría que conduce Roberto Feletti «ha tenido numerosas reuniones de trabajo con los actores involucrados a fin de consensuar diversos mecanismos para asegurar el normal abastecimiento y comercialización y el establecimiento de precios al día 1 de octubre del presente año, sin que, a la fecha de la presente medida, se hayan obtenido avances significativos en la materia».
En consecuencia remarcó que «pese a dichos esfuerzos, corresponde sin más dilaciones y en uso de las facultades conferidas, disponer temporalmente, hasta el 7 de enero de 2022, la fijación de precios máximos de venta al consumidor de bienes de consumo general de determinados productos», y puntualizó que «la medida dispuesta podrá prorrogarse en caso de persistir las circunstancias de excepción que la motivan».
El martes, Feletti se mostró satisfecho con el volumen de la canasta lograda y con el diálogo entablado con el sector empresario durante lo que fue su primera semana al frente de la dependencia.
Sin embargo, lamentó que «en el complejo escenario que viene atravesando la sociedad argentina desde 2015 a la fecha, que se vio profundizado por la pandemia, haya fracciones de la cúpula empresarial que no sean conscientes de sus privilegios y se nieguen a adoptar una actitud colaborativa y contemplativa de la dura situación que vive hoy el pueblo argentino».
A pesar de esta actitud de la minoría mencionada, Feletti remarcó que seguirá «abierto al diálogo y con voluntad de construir acuerdos lo más abarcativos posibles que permitan atender la necesidad de la ciudadanía», pero enfatizó que «el principal objetivo de gestión es dar una respuesta rápida al problema que hoy representa el precio de los alimentos para la mayoría de los hogares».
La resolución tiene lugar luego de una serie de reuniones mantenidas en los dos últimos días con titulares de distintas empresas y presidentes de distintas entidades productoras y comercializadoras de alimentos, entre ellas el titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios de Argentina (Copal), Daniel Funes de Rioja.
La Copal emitió un comunicado en el que ratificó su «voluntad de colaboración y diálogo para el acuerdo», no obstante advirtió que «en la convocatoria recibida no están garantizadas las condiciones para conciliar las posibilidades de los sectores frente al pedido de estabilización de precios».
