En el día de hoy, en el Congreso Nacional, se discutirán diversas propuestas relacionadas con la edad de imputabilidad penal de los menores, en medio de un contexto de fuerte controversia. La iniciativa oficial, impulsada por el gobierno, busca reducir a 14 años la edad penal de los jóvenes que cometen delitos y modificar las penas máximas, pero recibió una dura crítica por parte de la oposición y de algunos sectores sociales que cuestionan la efectividad y finalidad de estas medidas.
Desde la bancada de Unión por la Patria, el diputado Ricardo Herrera expresó su postura en una entrevista en Multimedio UNLaR. Herrera afirmó que la propuesta del oficialismo responde a demandas de sectores específicos y a casos resonantes, pero que esta realidad no refleja la situación general del país. «Es un sector muy pequeño que está demandando esto, y muchas veces por casos mediáticos parece que la realidad se expande en todo el territorio nacional, lo cual no es así», indicó.
El diputado además recordó que varios países en América Latina, como Bolivia y Chile, han implementado políticas similares pero sin lograr impactos significativos en la reducción de delitos juveniles. «No han tenido un fuerte impacto porque son políticas que atacan las consecuencias, no las causas. La verdadera solución está en fortalecer las políticas públicas en los lugares donde los chicos crecen: la escuela, el club, las plazas públicas», explicó.
Destacó que, en su experiencia, la evidencia empírica muestra que las mejores políticas son aquellas que refuerzan la red de contención social en el barrio y en la familia. «Si el niño no tiene una red de apoyo en su casa, en la escuela o en el club, termina en la esquina, en un lugar donde no hay cuidado ni control», afirmó, señalando que las políticas sociales públicas siguen siendo deficitarias por falta de financiamiento.
Sobre el proyecto que podría avanzar hoy, Herrera aclaró que la bancada de Unión por la Patria no contempla un nuevo régimen penal juvenil. Su estrategia apunta a fortalecer las políticas sociales en lugar de enfocarse en penas o en bajar la edad de imputabilidad, que consideran una medida superficial y punitiva.
El diputado nacional también hizo referencia a la repercusión que generaron las declaraciones del obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, miembro de la Comisión Pastoral Social de la Iglesia Católica, quien expresó su preocupación por el proyecto. Herrera relató que, antes de la entrevista, dialogó con el obispo, quien le adelantó que estaban finalizando un documento de ampliación del que ya habían presentado hace un mes y que enviarán a la presidencia de la comisión en el Congreso. «Su preocupación refleja que no se trata solo de una opinión religiosa, sino de un sector que tiene influencia en la agenda social,» agregó.
Por otra parte, el oficialismo prevé presentar dos dictámenes en el Congreso: uno en el plenario de comisiones y otro en el Senado. En ambos casos, la discusión girará en torno a la necesidad de un enfoque más integral, que contemple recursos suficientes y la implementación de políticas sociales para reducir realmente los índices delictivos juveniles.
