Será en una reunión de comisiones que analizará el proyecto modificatorio del cuerpo que controla la actividad de los magistrados del sistema judicial.
En su fallo, los jueces le encargaron además al Congreso la sanción de una nueva ley que lo regule y le concedieron un plazo de 120 días corridos para que se elija a los nuevos miembros.
El fallo del 16 de diciembre último del máximo tribunal definió que la composición no respeta el «equilibrio» de los sectores que seleccionan, sancionan y eventualmente remueven magistrados, y dispuso que el Congreso dicte una normativa que lo regule y que el Consejo vuelva a integrarse en 20 si la ley no se sanciona antes del próximo 14 de abril de 2022.
Senadores del oficialismo cuestionaron duramente ese fallo y Parrilli, por ejemplo, dijo que la decisión del máximo tribunal no era «correcta» y que los jueces se «excedieron en sus facultades» porque «no deberían haber declarado la inconstitucionalidad estando la ley plenamente en vigencia».
La mendocina Anabel Fernández Sagasti, por su parte, consideró que la decisión del Supremo Tribunal «roza el golpe institucional».
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y sobre el que girará la discusión en las comisiones, propone elevar de 13 a 17 los miembros de ese organismo, con el objetivo de mejorar y agilizar los procedimientos de selección de magistrados.
La iniciativa suma dos abogados, un juez y un miembro del ámbito académico y científico a los distintos estamentos con que hoy cuenta el Consejo, e incorpora la perspectiva de género a fin de dar cumplimiento a convencionales internacionales y a normas internas.
De este modo, el organismo quedará integrado por cuatro jueces del Poder Judicial (hasta ahora eran dos), y se deberá garantizar la representación de todas sus instancias y la presencia de magistrados con competencia federal del interior del país, de los cuales al menos dos deben ser mujeres.
Habrá además seis representantes del Poder Legislativo, tres diputados y tres senadores (dos por el bloque mayoritario de cada cámara, y uno por la primera minoría). Tres de estos legisladores, al menos, deberán ser mujeres.
El estamento de los abogados tendrá cuatro representantes (hasta el momento eran tres) elegidos por el voto directo, según el sistema D’Hont, de los matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o en las cámaras federales con asiento en las provincias. De ellos al menos dos deberán ser mujeres.
También integrará el organismo un representante del Poder Ejecutivo nacional, y dos correspondientes a los ámbitos académico y/o científico (hasta ahora había uno solo). Uno de ellos, al menos, será mujer.
