Los contratos alcanzados son aquellos que han sido firmados después del 20 de julio de 2020. La obligación de informarlos ante la AFIP rige para los propietarios; los inquilinos y los corredores inmobiliarios pueden hacerlo de manera voluntaria.
A partir del 1 de abril los contratos podrán actualizarse y las familias que hayan acumulado deuda deberán acordar planes de pago de hasta 12 cuotas contemplados en la normativa o enfrentar juicios de desalojo.
La Directora de Defensa del Consumidor de la Provincia, María de los Ángeles Díaz, informó que la prohibición está contemplada en el Decreto 320, el que congeló el incremento de precio de las cuotas de alquileres. "No corresponde aumentar", dijo.