En un contexto de creciente preocupación por las condiciones del sistema carcelario en Argentina, Guillermo Nicora, destacado miembro del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), expone la alarmante situación del encarcelamiento en el país y hace un llamado a los gobernantes y parlamentos para priorizar la reestructuración del sistema penitenciario.
Nicora se refiere a un informe reciente que coloca a La Rioja en el noveno lugar en cuanto a la tasa de encierro en comisarías, un fenómeno que, según él, no solo refleja un problema estructural, sino también una falta de compromiso por parte de los gobernantes para garantizar la seguridad y el bienestar de la población. «Es comprensible que ajustar los presupuestos para cubrir todas las necesidades sea una tarea difícil. Lo que hacen los gobernantes y los parlamentos es establecer un ranking de prioridades, pero si creemos que tenemos un deber con nuestros vecinos de darles seguridad, tenemos que tener los medios para hacerlo», afirmó Nicora.
El miembro del INECIP comparó la situación del encierro con una campaña de vacunación ineficaz. «Si en vez de hacer centros de vacunación, repartimos jeringas y agua destilada, no estamos haciendo nada por la salud. Lo mismo ocurre cuando condenamos a personas y no promovemos su reinserción. No estamos haciendo nada para la seguridad, y la estamos empeorando».
Nicora subraya que los gobiernos deben elevar a su escala de prioridades el trabajo con las personas que han cometido delitos o con aquellas de quienes se sospecha que los han cometido. También critica la lentitud de la justicia, indicando que los jueces, según la Constitución, tienen la responsabilidad de poner límites a la pretensión de condenar a más personas. “Los jueces deberían exigir a los gobiernos que inviertan en condiciones carcelarias adecuadas, porque si no, se van a quedar sin juicios y sin personas detenidas”, señaló.
Sobre las condiciones carcelarias, Nicora señaló que no solo hay un grave problema de infraestructura, sino que también prevalecen condiciones inhumanas. “La alimentación es un problema frecuente, y en muchas instituciones se cumplen con mínimas condiciones de higiene y atención”, explicó. “Hay un evidente déficit de recursos humanos para ofrecer tratamientos esenciales, como educación y atención psicológica. Esto representa una negación del motivo por el que esas personas están allí”.
Las comisarías, en particular, sufren de condiciones desgarradoras. “No hay incluso espacio suficiente para que las personas duerman, tienen que hacerlo en el suelo sin colchones y en condiciones que son peores que las que se les daría a los animales”, expresó Nicora. “No podemos esperar que las personas salgan mejores de estas condiciones. Si queremos mayor seguridad pública, tenemos que construir mejores cárceles, proporcionar alimentación adecuada, agua potable, educación y atención médica”.
En el caso particular de La Rioja, Nicora destacó la existencia del Instituto de Rehabilitación Social que, a pesar de los talleres y las posibilidades de educación superior, enfrenta problemas de infraestructura. Esto genera una mezcla entre el servicio penitenciario y la alcaidía, donde muchos internos están pendientes de una resolución judicial. “La lentitud de la justicia colabora con este fenómeno”, añadió.
Nicora concluyó su exposición enfatizando que, si no se realiza una inversión significativa en el sistema penal y se mejora las condiciones de vida dentro de las instituciones, el ciclo de criminalidad se perpetuará. «Nos enfrentamos a un deber moral y social: si queremos una sociedad más segura, debemos actuar en consecuencia», concluyó.
