En un momento crítico para los derechos de las personas con discapacidad en Argentina, este 29 de mayo se realiza una jornada federal en todo el país para exigir la sanción de una Ley de Emergencia en Discapacidad. La movilización busca respuestas inmediatas ante una realidad donde muchos afectados atraviesan una profunda precariedad, y donde las políticas y decisiones del Estado parecen obstaculizar, en lugar de facilitar, el acceso a derechos básicos.
Evelyn Safón, periodista especializada en temáticas sociales y derechos humanos, integrante de la Asamblea santafesina con Discapacidad y diplomada en Derechos Humanos por la CIDH, dialogó con El Arranque para compartir el contexto y la gravedad del escenario actual. “Esta es la segunda acción federal con la participación de diversos colectivos, y quizás la más multitudinaria. La unión de asistentes terapéuticos, familias y personas con discapacidad refleja una crisis que no puede seguir ignorándose”, expresó.
El objetivo de la ley, que se busca que sea aprobada en un plazo hasta 2027, es poner un coto a la situación de emergencia en la que viven muchas personas. “Muchas no reciben sus salarios o recursos, dejando de acompañar a sus seres queridos con discapacidad, y generando un vacío en su independencia y autonomía», explicó Safón. La medida apunta a fortalecer el modelo social de discapacidad que Argentina ha ratificado en la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, basada en derechos y no en caridad.
La activista también compartió historias concretas que humanizan la urgencia del reclamo. Un ejemplo referido fue el de un joven con discapacidad intelectual que, tras la derogación de un decreto que permitía compatibilizar pensión y empleo, quedó sin posibilidad de trabajar. La derogación afectó también su acceso a salud y dispositivos esenciales, dejándolo sin las herramientas para proyectar su vida de forma autónoma. “Es un retroceso que afecta no solo a uno, sino a muchas familias que luchan día a día”, comentó Safón.
La situación también expone un escenario de crueldad institucional. Safón denunció declaraciones desafortunadas en el Congreso, como la de una legisladora de Córdoba cuyo esposo falleció de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La legisladora afirmó que no votaría a favor de la ley de emergencia en discapacidad, a pesar de haber presenciado el sufrimiento de su esposo. “Es una actitud cruel y carente de empatía, dejando a muchas personas con esa enfermedad sin posibilidades de alivio y apoyo”, sostuvo.
Este fenómeno va acompañado de una estrategia de desmontaje del sistema de protección de derechos en Argentina. Un ejemplo trágico fue la derogación de medidas que garantizaban la compatibilidad entre pensiones y empleos para personas con discapacidad, que llevó a la pérdida de derechos laborales y de atención a la salud para muchos. Además, el cierre de centros de día y el desfinanciamiento de programas esenciales dejan a quienes más lo necesitan en la sombra.
Safón criticó la lógica de “eliminar lo que funciona y no mejorar”, que prevalece en muchas decisiones del Estado. “Se apela a la legitimidad democrática, pero esas acciones vulneran la Constitución y los derechos de niños, niñas y familias. La realidad es que muchas personas nunca tuvieron la oportunidad de acceder a un centro de día, y ahora esos recursos están en riesgo de desaparecer”, advirtió.
A nivel político, la activista destacó que, si bien algunos legisladores han mostrado apoyo, otros han realizado afirmaciones que reflejan una falta de empatía. La negativa de ciertos actores, en particular la de la legisladora de Córdoba, evidencia la distancia entre las políticas públicas y las necesidades humanas reales, y refleja un escenario de indolencia que preocupa.
La jornada del 29 de mayo busca no solo visibilizar la emergencia, sino también reencontrar el compromiso colectivo con los derechos fundamentales. Como señaló Safón, “detrás de cada número hay historias de vida, sueños y derechos vulnerados que no pueden seguir siendo ignorados”.
