El reciente tratamiento en comisión por parte de la Cámara de Diputados de Argentina de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años generó fuertes críticas y alarmas en el ámbito internacional, según expresó el juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, Rodrigo Morabito.
Morabito advirtió que Argentina está entrando en una “falsa responsabilidad” y que esta decisión la coloca en una posición de vulneración de los estándares internacionales de derechos humanos de la infancia. Destacó que, además, el país tiene un historial negativo en el sistema interamericano y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo uno de los países con más condenas por vulnerar derechos de niños y adolescentes.
El juez explicó que, países como Uruguay ya legislaron en esta dirección, con una ley que establece la imputabilidad a los 14 años. Sin embargo, puntualizó que la situación de Uruguay no es comparable en términos de seguridad. “Uruguay tiene una tasa de homicidios mucho más alta que Argentina —actualmente, Argentina tiene una tasa de 4,4 homicidios cada 100 mil habitantes, mientras que en Uruguay esa tasa supera el 13— y eso explica en parte la necesidad de endurecer su sistema penal”, aclaró Morabito.
Asimismo, comparó las cifras de otros países latinoamericanos: Brasil, que tiene la edad de punibilidad a los 14 años y una tasa de homicidio superior a los 23 por cada 100 mil habitantes, y Cuba, con una tasa de homicidio similar a Argentina, con una edad de punibilidad a los 16 años.
“Constatar que endurecer el sistema penal, bajar la edad de punibilidad, no genera un beneficio real en la mejora de la seguridad o la calidad de vida. La baja en la delincuencia juvenil en Argentina en los últimos años se debe a otros factores, como políticas sociales, y no a medidas punitivas más severas”, afirmó Morabito.
El magistrado también hizo hincapié en que Argentina enfrenta un serio desafío en garantizar el respeto a los derechos de la infancia, y que la comunidad internacional ha condenado en varias ocasiones a nuestro país por vulneraciones a estos derechos. La adopción de esta ley, según sus palabras, podría incrementar la responsabilidad internacional de Argentina y profundizar las condenas en organismos como la Corte Interamericana.
Concluyó señalando que las medidas deben centrarse en políticas públicas que aborden los verdaderos problemas sociales, económicos y educativos que enfrentan los niños y adolescentes en situación vulnerable. “El camino no es bajar la edad de punibilidad, sino invertir en programas que prevengan y brinden oportunidades, no en penalizar todavía más a los jóvenes sin atender sus necesidades básicas”, finalizó Morabito.
