La Ley Bases que el presidente Javier Milei impulsó por segunda vez en la Cámara de Diputados se aprobó en general tras casi 20 horas de debate y una larga negociación entre el Gobierno y los bloques dialoguistas, pero en las próximas horas se llevará a cabo la votación en particular donde se define la suerte de la reforma laboral, la delegación de facultades al Ejecutivo y la restitución del Impuesto a las Ganancias, entre otros puntos clave.
El proyecto insignia de Milei tuvo media sanción con 144 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones por parte del sector díscolo del bloque UCR. Pero antes de pasar al Senado la iniciativa debe vencer la prueba de fuego que representa la votación de los artículos, que fue la que hizo naufragar la primera versión en febrero y que en esta oportunidad también tiene algunos temas al filo del rechazo. Se preveía que esta parte de la sesión llevara unas seis horas más.
El oficialismo consensuó con el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal que la votación particular se haga por capítulos y no artículo por artículo, con el fin de mantener bajo control el tramo más complejo y decisivo del debate y evitar que caigan algunos de los puntos más importantes para el Gobierno.
Sin embargo dentro de cada capítulo hay artículos que siguen siendo objeto de diferencias entre los bloques dialoguistas, entre ellos, el artículo tercero que le otorga a Milei la facultad de modificar o eliminar numerosos órganos u organismos del Estado, que algunos diputados advierten que podría «caer», o el capítulo sobre impuestos internos, en el que la oposición podría introducir modificaciones.
Para construir la mayoría que le permitió la aprobación en general, el Gobierno hizo numerosas concesiones ante los planteos de la oposición dialoguista. Uno de los más notorios fue dejar afuera la privatización del Banco Nación. El proyecto pasó de los más de 600 artículos de su versión original a 232. Sin embargo, al momento de la votación todavía había temas en duda.
Ni en el oficialismo ni en la oposición veían chances de que se rechazara la delegación de facultades al Ejecutivo en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año a pesar de las disidencias que genera el tema, pero todos ponen la mira en la facultad específica que la Ley Bases le daría a Milei de disolver o modificar organismos del Estado.
En la negociación con la oposición, el Gobierno aceptó excluir de esa facultad (contemplada en al artículo 3 de la Ley Bases) a las universidades nacionales y los órganos del Poder Judicial y el Poder Legislativo, además de introducir la prohibición específica de disolver organismos como CONICET, ANMAT, INCAA, CONAE, ENACOM, INTA, entre otros, pero no logró conformar a todos.
