Así lo entendió Natalia Alvarez Gomez, directora del Instituto de Análisis de Políticas Públicas de la UNLaR luego de que Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado en la causa Vialidad.
El Tribunal Oral Federal 2 condenó este martes a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con la obra pública en Santa Cruz.
En diálogo con Multimedio UNLaR, la directora del Instituto de Análisis de Políticas Públicas de la UNLaR, Natalia Alvarez Gomez indicó que, desde su perspectiva, el proceso judicial estuvo muy enmarañado: “Lo que sucedió con la vicepresidenta es de una gravedad institucional importante que es la vinculación de la derecha con el poder judicial para trabajar en contra de sus oponentes. Esto lo digo sin ningún ánimo calificativo ni toma de posicionamiento”.
Asimismo, indicó que aún faltan otras instancias judiciales para que se haga efectiva la inhabilitación a ocupar cargos públicos, y esgrimió que: “ En este caso la vicepresidenta ha demostrado numerosas pruebas que no han sido tenidas en cuenta a la hora de emitir la sentencia”.
“Los más dañados son el pueblo y las instituciones por esta grieta que funciona más para tener la razón y no para tener un proyecto de país que realmente resuelva los problemas del país”, opinó.
Asimismo, anticipó que habrá grandes movilizaciones y manifestaciones articuladas por sindicatos, agrupaciones y posiciones personales: “Espero que haya paz, esto moviliza desde la bronca que cada uno puede sentir desde la injusticia”.
