En un contexto de creciente preocupación, varios organismos de Derechos Humanos y expertos denunciaron que el Ministerio de Seguridad solicitó trasladar a 19 represores de la última dictadura militar, entre ellos figuras emblemáticas como Alfredo Astiz y Donda, hacia la Unidad Penal de Campo de Mayo. La propuesta, aún en discusión, genera alarma al considerar que esa unidad registra antecedentes de deficientes condiciones de seguridad y condiciones de privilegio para ciertos internos, en un escenario que se enmarca en la búsqueda de una impunidad que se refuerza también desde las instancias judiciales y las políticas estatales.
Viviana Reinoso, abogada de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, afirmó que estos movimientos no representan una parálisis en la justicia, sino un proceso de “impunidad biológica”. Explicó que, si bien los juicios continúan, muchas veces no hay fechas de audiencia o se suspenden, lo que permite que ciertos presos sigan en libertad o en condiciones irregulares, con riesgos irrevocables para la justicia.
“En el caso de la Rioja, por ejemplo, la causa fue remitida en casación a la Cámara de Casación Penal, pero volvió sin que se le diera una fecha de audiencia. En ese proceso, el represor Catalán falleció siendo aún en libertad, un ejemplo paradigmático de impunidad biológica”, explicó Reinoso.
La abogada también alertó sobre la proliferación de prisiones domiciliarias que no cumplen con controles adecuados. “Hay muchísimos casos en los que las condiciones son poco serias y están fuera de control, como en Chilecito, donde un detenido con prisión domiciliaria no puede comunicarse por videollamada porque el teléfono del familiar con quien debe coordinar no funciona y la persona tiene que ir a trabajar», ejemplificó.
Reinoso agregó que, en algunos casos, lograron gestionar en la justicia la revocación de estas prisiones domiciliarias a través de videos y planteos judiciales, pero las irregularidades persisten, evidenciando que no hay un control efectivo ni respeto hacia las condenas y los derechos de las víctimas.
Este escenario se da en un momento donde el Gobierno de Javier Milei impulsa acciones que, según analistas, apuntan a reducir la justicia y reforzar la impunidad. Entre ellas, la firma de una resolución que faculta nuevamente a las Fuerzas Armadas a detener en situación de flagrancia, y la homologación de una solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Viola, en la que se reconoce la inexistencia de una investigación efectiva sobre delitos de lesa humanidad.
El 24 de marzo, en medio de estas tensiones, la Oficina del Presidente emitió un comunicado que llamó a la sociedad argentina a reflexionar sobre su historia, afirmando que era necesario construir una narrativa sin omisiones ni distorsiones, en un contexto donde se busca, según expertos, desacreditar las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia y minimizar las condenas por crímenes de Estado.
Organismos y familiares de víctimas denuncian que estas acciones conforman una estrategia deliberada para deslegitimar las condenas judiciales y promover un negacionismo activo, en claro contraste con la evidencia de una política sistemática de exterminio en los años 70. La memoria, afirman, está siendo atacada en múltiples frentes y en un momento donde la justicia sufre una notable paralización: los procesos judiciales avanzan lentamente, muchos sin audiencias programadas, y otros simplemente dejan de tramitarse, dejando abiertas las heridas sin cerrar.
Reinoso concluyó que si bien no hay una parálisis en los juicios, la existencia de casos de impunidad biológica —como la muerte de presos sin sentencia, la falta de control en las prisiones domiciliarias y la suspensión de audiencias— contribuye a que la justicia siga siendo desigual y parcial. Esto, además, refuerza un escenario donde las violaciones a los derechos humanos parecen quedar en el pasado en la narrativa oficial, mientras en la realidad aún hay heridas abiertas y una deuda pendiente con la memoria y la verdad.
