Gabriela Díaz, quien se presenta como la principal denunciante de Javier Ruiz, concejal electo por La Libertad Avanza, ha encabezado un pedido para que Ruiz no asuma su cargo en el Concejo Deliberante. La demanda se fundamenta en la inhabilidad moral, respaldada por varios antecedentes de violencia y denuncias en su contra.
La ex pareja de Ruiz, Díaz ha expuesto que el concejal electo ha presentado información engañosa en el marco de un juicio por tenencia y régimen de visita, donde le aseguró a la jueza que el único ingreso de Ruiz proviene de su trabajo como sacristán en la Catedral, un puesto que ocupa desde hace 18 años. De acuerdo con Díaz, esta situación resalta la falta de representatividad y deshonra para los ciudadanos que sufren violencia, como ella misma.
“Realmente agradezco cada una de las mujeres que han llegado a acompañarme, porque ahí las conocí y escuché un poco de sus historias, que también sufren algunas mamás como yo. No pasan alimentación a sus hijos que sufrieron violencia. Entonces, el dolor nos une, las luchas nos unen. Muchos dicen que somos feministas, pero somos mujeres que lamentablemente tenemos que salir a pedir justicia, porque donde la pedimos, no la hay”, afirmó Gabriela.
Díaz, quien ha sido víctima de violencia económica y física por parte de Ruiz, reveló que ha sido objeto de burlas y descalificaciones. “Nos trataron de decir que estábamos pagadas para hacer esto, como si fuera una operación armada. Quienes critican no saben lo que hemos sufrido realmente. Estábamos 12 mujeres apoyándome en este pedido de justicia, y gracias a que los periodistas nos dieron voz al abrir un micrófono, nuestra lucha puede salir a la luz”, comentó.
“Es indignante ver cómo el Concejo Deliberante ha permitido que quienes han sido victimarios ocupen una banca y no han hecho nada para apoyar y escuchar a las víctimas. Sentí que me manosearon, que el Concejo me dio la espalda al apoyar a un hombre que violentó a mi hijo y a mí. Esta situación es inaceptable”, agregó.
A medida que avanza la denuncia, Gabriela sostiene que la lucha por justicia no es política, sino un clamor por equidad y representación. “Lo que buscamos es que las personas que no tienen habilidad moral para asumir un cargo y representar a los ciudadanos no lo hagan. Este debe ser un ejemplo para el futuro. No solo se debe pedir un antecedente penal, sino también una certificación de denuncias, porque no es posible que se vote a alguien sin saber si está denunciado o no”, enfatizó.
«Mi hijo está lidiando con esta carga emocional, y es un dolor constante. Hay que hacer justicia en los casos de denuncias penales y civiles. Pedimos que el Concejo considere este pedido de no asunción por inhabilidad moral”.
