La causa que investiga al ex rector de la Universidad Nacional de La Rioja, Daniel Quiroga, sigue generando movimientos y tensiones en el ámbito judicial. La querella, representada por la abogada Daniela Gallardo, denunció hoy lo que califican como maniobras dilatorias por parte de la defensa del ex rector, quien enfrenta cargos por malversación de fondos públicos y peculado en concurso real, durante la aministración en la OSUNLaR, con una pena prevista de entre 6 y 12 años de prisión.
Según la abogada, la defensa de Quiroga presentó un planteo de incompetencia de la justicia local, solicitando que la causa pase a la jurisdicción federal. Este recurso, conocido como declaración de declinatoria, fue recibido por la justicia cerca de las 8:38 de la mañana, justo antes de la audiencia de indagatoria programada para las 9 horas, y provocó la suspensión temporal del proceso. La abogada calificó esta maniobra como una estrategia dilatoria para retrasar el avance de la investigación y evitar que la justicia provincial continúe con la tramitación del caso.
El expediente, tiene como objetivo esclarecer el destino de fondos, que corresponden a la caja de la obra social de la universidad. La causa también apunta a otras personas relacionadas y a movimientos bancarios que están siendo investigados, incluyendo solicitudes de informes a bancos locales y centrales.
En relación con los avances en la investigación, la querella informó que se han solicitado oficios al Banco Patagonia y al Banco Central, y que la feria judicial ha impedido un avance mayor durante estos días. Se espera que la actividad judicial se reanude luego del 18 de julio.
Por otra parte, la abogada confirmó que en la defensa del ex rector también ha habido cambios de abogados y que la estrategia continúa siendo la misma: buscar dilatar y desviar el curso de la causa. “Es una maniobra sencilla, en la que incluso el nuevo abogado de Quiroga no ha pagado el bono de matrícula, lo que también es una irregularidad”, afirmó.
El juez a cargo de la causa, el doctor Daniel Barría, ha rechazado las solicitudes de traslado de la causa a la Justicia Federal, basándose en jurisprudencia que confirma la competencia de la justicia provincial en estos casos, y en antecedentes que establecen que hechos similares han sido juzgados por tribunales locales.
La querella reiteró su compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias para esclarecer el paradero de los fondos y defender los derechos de los afiliados y la comunidad universitaria. La situación continúa en desarrollo, con expectativas de que las próximas semanas aporten novedades sobre el avance de la causa y las posibles imputaciones a otras personas involucradas.
