En un contexto cada miércoles de reclamos y marchas de jubilados en las cercanías del Congreso, la voz del padre Paco Oleveira resuena como un testimonio crítico y comprometido con la situación social que atraviesa el país. En diálogo con Multimedio UNLaR, el sacerdote de la agrupación «Opciones por los Pobres» denunció la persistente represión que enfrentan quienes salen a reclamar por mejoras en sus ingresos, que en su mayoría, considera, no alcanzan ni para cubrir lo básico.
«Lo que vivimos ayer es lo que sucede todos los miércoles», expresó Oleveira, relatando cómo la violencia institucional se materializó en empujones, golpes y detenciones. En ese marco, narró que durante la protesta, cayó una jubilada y que, pese a intentar asistirla, fue detenido junto a otro compañero. «Al compañero casi se lo llevan preso, y a mí me dijeron que podía irme con libertad, pero el jubilado quedó en la cárcel», afirmó, denunciando el carácter discrecional y violento de la represión.
El cura recordó que los jubilados, que cobran en torno a 296.000 pesos—que su equivalente en moneda y calidad de vida es más bien indigencia—son víctimas de un sistema que solo aparenta actuar en defensa del orden, pero que en realidad busca amedrentar mediante la violencia. «El Estado justifica esa represión como un protocolo antipiquete, pero en realidad, solo intenta mostrar que lo único que hay en el pueblo es ajuste, represión y doma», advirtió.
El sacerdote también criticó duramente las políticas del gobierno nacional y el rol de ciertos dirigentes políticos, como Patricia Bulrich, quien en un programa de televisión afirmó que en las protestas no había jubilados, sino «kirchneristas». La denuncia apunta a la criminalización de quienes reclaman derechos básicos y a un modelo que favorece a las élites en detrimento de los sectores más vulnerables.
Otra preocupación expresó Oleveira es la reducción de fondos en programas sociales esenciales, como el cierre del Fondo de Integración Sociourbano (FISU), que brindaba ayuda a villas y asentamientos para mejoras mínimas en viviendas y condiciones de vida. «Este cierre es parte de la política de austeridad y represión que solo deja en evidencia un Estado que no cumple con su función social», sostuvo.
En su perspectiva, la postura del gobierno se ve claramente favoreciendo a los sectores privilegiados, mientras limita derechos fundamentales, como los aumentos para jubilados y empleados de comercio, mostrando una evidente desigualdad de libertad: “Hay libertad para reprimir y para que los ricos sigan lucrando, pero no para que los trabajadores y jubilados puedan reclamar”.
Finalmente, el padre Paco Oleveira hizo un llamado a la comunidad de la Iglesia y a la ciudadanía en general para que se sumen en la defensa de los derechos sociales. Resaltó el valor de la participación activa y la necesidad de fortalecer la organización popular, apuntando a que la Iglesia debe ser un espacio de resistencia y denuncia, en línea con el legado de Francisco, que expresó con claridad que los profetas deben hablar con nombre y apellido.
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