Melanie Gavio, activista y protectora de animales, invita hoy a una concentración en reclamo por la falta de reglamentación de la Ley Provincial 10668, sancionada en octubre de 2023, que busca fortalecer la protección contra la crueldad y el maltrato animal. La protesta, prevista para las 18 horas en la Plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, busca presionar al Ejecutivo para que implemente de manera efectiva la normativa.
Gavio explica que, pese a la sanción, la ley aún no ha sido reglamentada, lo que impide su aplicación práctica y genera confusión en las fuerzas policiales y judiciales. “La ley no está vigente porque no tiene reglamentación, y en las comisarías no saben cómo actuar, lo que facilita que los casos de maltrato queden impunes”, denuncia. La normativa propone penas concretas y efectivas, como arrestos de hasta 30 días, multas equivalentes a 30 litros de nafta, e inhabilitación perpetua para la tenencia de animales, con la intención de detener el ciclo de abuso.
Una de las principales problemáticas señaladas por las rescatistas es el costo que asumen ellas mismas para atender a los animales heridos o maltratados. Desde la falta de un centro público de atención veterinaria especializado, deben pagar de su bolsillo por tratamientos y estudios complejos con equipos como ecógrafos y radiografías. “Nosotras somos voluntarias independientes, no tenemos un establecimiento. No respondemos a ninguna entidad, y cada vez que encontramos un animal víctima de maltrato, buscamos ayuda en veterinarias privadas, que nos cobran como si fueran particulares”, explica Gavio.
Gavio critica que esa responsabilidad debería ser del Estado, que en provincias como Salta cuenta con centros especializados con veterinarios capacitados y programas de adopción responsables. “El Estado debería brindar un centro de tránsito donde mantener y atender a los animales recuperados, algo que hoy no existe. Nosotros arriesgamos nuestra integridad, tocamos puertas y usamos nuestros recursos para salvar a los animales; no debería ser así», denuncia.
Respecto a las condiciones actuales, Gavio señala que las rescatistas deben ofrecer sus propios hogares como tránsito para los animales secuestrados, dado que no cuentan con un espacio oficial habilitado para ello. “Tenemos entre 20 y 30 animales en hogares particulares y no podemos tener más. Por eso, exigimos al Estado que cree un establecimiento de tránsito con personal veterinario, para garantizar la atención y recuperación de los animales, y facilitar su posterior adopción”, afirma.
Además, destaca que la deficiente atención en centros oficiales y la carencia de recursos públicos impiden que los rescates concreten la rehabilitación completa de los animales. Por ello, hoy, además de la protesta, ofrecen sus contactos para recibir donaciones de alimentos y medicación —como su número personal: 380 494 9681— y reclaman mayor apoyo a nivel gubernamental y social.
Gavio asegura que, a pesar de todo, las rescatistas continúan trabajando sin ayuda del gobierno y sin recursos, con la esperanza de que la presión ciudadana y la voluntad política puedan cambiar esta realidad. “Solo con la reglamentación efectiva de la ley y la creación de establecimientos especializados podremos detener la crueldad y garantizar un trato digno para los animales víctimas de maltrato”, concluyó.
