En un escenario donde el descontento y las disputas por salarios en la educación continúan escalando, la Secretaria General de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, Sara García, analizó en Conexión UNLaR la compleja situación que atraviesa el sector. La entrevista revela un panorama sombrío, marcado por decisiones unilaterales, una regulación que restringe derechos y una tendencia a la descoordinación entre las distintas jurisdicciones del país.
García denuncia que las autoridades nacionales —en particular, la Secretaría de Educación— están avanzando en la formalización de decisiones que violan leyes y principios constitucionales. Menciona la publicación de un decreto que, entre otras cosas, elimina la participación de los docentes en las paritarias y limita severamente el derecho a huelga, una medida que ya fue declarada inconstitucional por la justicia, pero que continúa siendo implementada desde el ejecutivo.
Este decreto, que parece estar formalizando una tendencia ya instalada, ha generado rechazo en los gremios docentes, que lo ven como un paso más en la desatención de sus demandas y derechos. “Es la crónica de una muerte anunciada”, afirma García, señalando que poco antes de su publicación, casi todas las provincias firmaron acuerdo salarial, pero sin mejoras significativas, con algunas aún con salarios por debajo de los 200,000 pesos.
La dirigente señala que las reuniones oficiales del Consejo Federal de Educación, encargadas de negociar y definir el piso salarial y otros aspectos clave, son escasas y distantes de lo que deberían ser. Se realiza, en el mejor de los casos, una reunión a fines de diciembre del año anterior y otra en febrero, pero no hay un proceso constante de diálogo real que permita avances en consensos y acuerdos duraderos.
Frente a este panorama, García anuncia que los gremios harán frente legalmente, promoviendo recursos contra los decretos y decisiones que vulneran derechos fundamentales. La estrategia apunta también a movilizar al Congreso, solicitando que no apruebe medidas que limiten aún más los derechos laborales, con la esperanza de que la justicia federal interceda ante la gravedad del impacto en el sector.
“Todo esto termina en la justicia”, afirma, reconociendo que la batalla será difícil y que los recursos legales son la última esperanza para frenar esta política que, según sentencia, favorece a ciertos intereses a costa de la educación pública.
García también revela contactos y coordinación con otros secretarios generales de sindicatos docentes del país, quienes comparten la misma preocupación. La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica emitió un comunicado y tiene programada una reunión la próxima semana para profundizar el análisis y definir acciones conjuntas.
La dirigente concluye que, pese a las dificultades, las organizaciones gremiales seguirán luchando por mantener los derechos adquiridos y por la defensa de una educación pública, gratuita y de calidad. Por lo pronto, la pelea en tribunales, el trabajo en las provincias, y la movilización social serán las vías principales en esta batalla que, en sus palabras, “no nos tomó de sorpresa”, y que sigue siendo una crónica de una muerte anunciada en la política educativa argentina.
