La investigadora María del Carmen Rojas cuenta el trabajo territorial que desde hace cuatro años llevan adelante en Salsipuedes.
Potable no es sinónimo de segura. En Salsipuedes, un municipio bañado por ríos y arroyos, con aproximadamente veinte mil habitantes y ubicado a menos de cuarenta kilómetros de Córdoba capital, el agua escasea. “No solo por la calidad del agua, que llega por conexión domiciliaria, en camiones y que proviene de pozos, sino que es un problema más profundo. Lo que allí no existe es el agua segura fundada en la cultura hídrica que incluye: la calidad del agua, la cantidad, la continuidad, la cobertura y el costo”, explica María del Carmen Rojas, arquitecta, doctora en Demografía e investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI, CONICET-UNNE). Desde hace cuatro años se realiza un trabajo territorial en torno a esta problemática en la citada localidad cordobesa, en alianza con el gobierno local, equipos intersectoriales e investigadores de Iberoamérica para la concreción de la Red Iberoamericana de Enfermedades Transmisibles y Agua Segura (RETyAS), recientemente conformada como una de las Redes Institucionales Orientadas a la Solución de Problemas del CONICET.
“El acceso o no al agua segura depende de los estilos y modos de vida poblacionales. Está vinculado con los niveles de exposición, fragilidades y resiliencia de los individuos, las familias y las comunidades en relación a la salud y el ambiente”, señala Rojas, quien en sus comienzos como investigadora se dedicaba a las barreras arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y la comunicación centradas en la discapacidad, y verificó que existía una profunda relación entre el ambiente y la salud humana. Fue así que avanzó en la estrategia de vivienda saludable en el marco de la Red Interamericana de Vivienda Saludable avalada por OPS/OMS. “Al trabajar vinculando el área de salud y de ambiente centradas en la gestión local integral del riesgo, comenzamos a tener demandas para generar una metodología que determinara los riesgos de los hogares en la vivienda. Así, llegamos al concepto de agua segura”, recuerda.
Rojas explica la diferencia entre el concepto de agua segura -“agua apta para el consumo humano, de buena calidad y que no genera enfermedades producto de un compromiso comunitario”-, de lo que es el agua potable -“agua salubre y disponible en cantidades suficientes para la higiene personal y los fines domésticos, así como también, para cocinar y beber”. Y aclara que, si bien no existe un relevamiento de la cultura hídrica que diga cuánta gente accede al agua segura en Argentina, este concepto aún necesita mucho trabajo territorial para instalarse. “Es la cultura la que va a determinar la calidad del agua –advierte la científica-. Y, en la gestión del agua, lo que está debajo, en lo profundo: no se trata. La gestión del agua, generalmente, remite a lo que el Estado y sus instituciones hacen con el agua, y la cultura del agua es lo que cree y hace la gente. Esta ruptura y distancia entre el Estado, sus instituciones y la gente generan un espacio de conflictos y armonías con el que debemos trabajar para tender puentes hacia un proyecto común. Sin cultura hídrica, no puede darse un cambio en la gestión del agua para que sea segura”.
En esos espacios de conflictos y armonías, señala Rojas, trabajará la RETyAS -también conformada por colegas de Brasil, Honduras, Paraguay, Perú y Portugal- a partir del trabajo territorial iniciado en Salsipuedes. “El objetivo”, dice, “es que la cultura hídrica deje de ser considerada como un componente más de los proyectos, programas y planes para pasar a ser entendida como generadora y condicionante de los otros componentes de la gestión”. En el marco de este trabajo, señala que de septiembre a diciembre de 2022 se realizó el Primer Encuentro Iberoamericano de Agua Segura y Enfermedades Transmisibles con modalidad presencial y virtual en todos los países que conforman la Red. En Salsipuedes participaron autoridades del gobierno local, sus equipos intersectoriales, centros vecinales y autoridades de escuelas primarias.
Fuente CONICET
