En un escenario de creciente tensión, trabajadores y trabajadores de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo se encuentran en la puerta de la institución, donde un fuerte despliegue de la Policía Federal impide su ingreso. Esta situación se ha prolongado desde la mañana, cuando se prohibió el acceso a los empleados nodocentes, generando un ambiente de incertidumbre y frustración.
La rectora Cristina Caamaño, junto a otros miembros de la comunidad educativa, se ha visto atrapada en esta controversia. Durante un momento crítico, los trabajadores quedaron encerrados, sin poder entrar ni salir, mientras la policía mantenía un cerco en la entrada. La razón detrás de este despliegue policial radica en la falta de presupuesto que afecta a la universidad desde enero, lo que ha llevado a que, durante nueve meses, los trabajadores no perciban sus salarios.
A pesar de esta crisis financiera, la universidad ha continuado con su calendario académico, iniciando el segundo cuatrimestre en julio. Sin embargo, la situación se complica con la reciente designación de un rector interventor por parte del Ministerio de Capital Humano, quien desconoce el proceso de normalización de la universidad. Este nombramiento ha sido rechazado por la comunidad educativa, que defiende la legitimidad de su rectora electa y las autoridades en funciones.
El conflicto se intensifica con la decisión del interventor de cerrar la sede, alegando falta de condiciones de seguridad e higiene, una afirmación que los trabajadores atribuyen a la falta de financiamiento gubernamental. La comunidad educativa ha recurrido a la justicia para apelar esta resolución, defendiendo su derecho a la educación y la continuidad de sus actividades académicas.
La situación se ha vuelto insostenible, con la policía actuando bajo un mandato que carece de legalidad, ya que el interventor no cuenta con un correo oficial de la universidad. Este conflicto no solo afecta a los trabajadores, sino que también pone en riesgo el futuro académico de los estudiantes, quienes continúan asistiendo a clases en medio de esta crisis.
Mientras tanto, los docentes y autoridades se mantienen firmes en su postura, garantizando el derecho a la educación y rechazando cualquier intento de deslegitimar su trabajo. La comunidad universitaria se encuentra en un momento crítico, donde la lucha por el presupuesto y la legitimidad de sus autoridades se ha convertido en una batalla por el futuro de la educación en la universidad.
