Las autoridades de la Universidad Nacional de La Rioja solicitaron a la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) que constate posibles acciones evasivas por parte de la Asociación de Trabajadores Universitarios (ATUR) en el cumplimiento de documentación que acredite la legitimidad de sus mandatos. En este sentido, se hace saber de la falta de certificación que verifique la autenticidad del Estatuto de ATUR y la designación de sus autoridades.
En el marco de los hechos de público conocimiento que acontecen en la Universidad Nacional de La Rioja, ejecutados por miembros y/o representantes del gremio ATUR, el rector Fabián Calderón solicitó al Secretario General de la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN), Walter Merkis, que arbitre los medios necesarios para que el personal nodocente de la UNLaR tenga una representación gremial legal y legítima.
En la solicitud emitida, Calderón indica que las diversas acciones llevadas a cabo por representantes y/o miembros de la Asociación de Trabajadores Universitarios Riojanos (ATUR) “han debilitado y atacado de manera continua la relación armoniosa que manteníamos ambos sectores” y que se ha producido “un claro y evidente desmedro de los derechos de los compañero/as que representan”.
En ese sentido, explica que tras solicitar una actualización de documentación -que acredite la efectiva representación que ejercen- a los diferentes actores y partes de la UNLaR-entre ellos a la asociación gremial, para la elaboración del informe final de gestión, se generó por esta última referenciada “un sinnúmero de acciones y omisiones que se ejecutaron por parte de representantes de la Comisión Directiva del Gremio “ATUR”, sin entender las molestias ocasionadas y la acusación de persecución dado que, en el marco de la prórroga de mandatos de autoridades de la Casa de Altos Estudios, la solicitud se realiza a todos los gremios que representan a las y los trabajadores de la comunidad universitaria.
En esa línea, esa petición, de actualización de documentos, ha sido motivo para que la secretaria general de ATUR, Alicia Luna, esgrimiendo su condición, inicie una serie de reclamos, presentaciones de notas y acciones legales en contra de la UNLaR ante la negativa y clara acción evasiva de presentar la documentación que acredite la legitimidad de sus mandatos.
Una de las acciones se relaciona con la restitución del sistema de descuento por planilla por uso de órdenes de compra, en la que se requirió la incorporación del estatuto de ATUR. “Esta petición fue evadida por diferentes presentaciones de la agrupación que extendieron dicho requerimiento desde el mes de diciembre de 2020 hasta finales del mes de marzo del corriente año”, indica el texto presentado por Calderón ante FATUN; y precisa que los actores de dicho gremio “han intentado trasladar a la UNLaR de manera pública y por escrito, la responsabilidad que a ellos les compete y que no han asumido como propia”.
En otro orden, se hace alusión a la constitución del sindicato ATUR, aludiendo que se ha creado el 14 de agosto del año 2003 y que en el artículo 33 del Estatuto del gremio se observa -en la escritura- un cambio de letra que dictamina que “el mandato de los miembros de la Comisión Directiva será por el término de cuatro años y podrán ser reelegidos”. No obstante, el Rector manifiesta que en relación al artículo 33 publicado en el boletín oficial del año 2006, “no es el mismo texto del artículo 33 del estatuto que se agregó en las actuaciones, especialmente referido a los cargos y la duración de los mandatos”.
Por lo que considera que “esa falta de concordancia entre los textos, pone en crisis la autenticidad del Estatuto y la designación de las autoridades”. Manifiesta que, han sido innumerables los requerimientos de cumplimiento y al día de hoy la asociación no la logrado salvar ni negar las irregularidades detectadas y comunicadas, mediante el acto administrativo pertinente.
En el marco de esta situación, el Rector dejó en claro el compromiso que mantiene la institución “para concretar todas las acciones que sean necesarias para la defensa de nuestro/as trabajadores, en un marco de legalidad y lejos de estas conductas que lesionan los intereses de ambas partes”.
