La Asociación de Maestros y Profesores (AMP) de La Rioja expresó su rechazo al decreto de necesidad y urgencia del gobierno de Javier Milei que declara a la educación como servicio esencial, y denunció avances similares en las provincias que atentan contra los derechos laborales de los docentes.
En entrevista con Multimedio UNLaR, la Secretaria Gremial de la AMP, Beatriz Martínez, remarcó que el gremio continúa luchando por un salario digno y por mejores condiciones laborales y edilicias en las escuelas. Además, explicó que muchas de las medidas que afectan a los docentes tienen antecedentes históricos y adversan derechos fundamentales, como el derecho a huelga y a una remuneración adecuada.
Rechazo a la ‘Declaración de Servicio Esencial’ y antecedentes legales
Martínez recordó que el gobierno de Milei busca establecer la educación como un servicio esencial, una medida que, según la legislación nacional e internacional, solo debería aplicarse en situaciones que involucren riesgos de vida, salud o seguridad. La dirigente explicó que, en Argentina, ya existen fallos judiciales y resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establecen que la educación no puede considerarse un servicio que ponga en riesgo la vida, la salud o la seguridad de la población.
Por otra parte, la AMP también denuncia que en nuestro país se han aplicado diferentes mecanismos para limitar el derecho a huelga de los docentes en los últimos años. La primera vez fue durante el gobierno de Cambiemos (2015-2019), cuando el decreto 843/2000, impulsado inicialmente en Mendoza durante la gestión del expresidente Macri, intentó restringir este derecho. Posteriormente, diferentes provincias, incluyendo La Rioja, comenzaron a adoptar medidas similares, como el incentivo provincial de enseñanza (IPE) o ítem aula y la reconversión de cifras en negro a salario formal. El gobierno de Ricardo Quintela aplicó el IPE en septiembre y octubre de 2024, en respuesta a los reclamos por salarios justos y condiciones dignas.
Lucha por salarios y condiciones edilicias
Martínez explicó que las primeras resoluciones de la Asamblea reciente del gremio determinaron que se organizarían movilizaciones. Como parte de esa postura, la AMP entregó más de 1000 firmas en la Legislatura provincial y en el Ministerio de Educación, donde también solicitaron audiencia con el ministro Ariel Martínez, sin éxito hasta ahora. La dirigente denunció que, a pesar de los reclamos, ni el gobernador Quintela ni el ministro Martínez respondieron a los pedidos de diálogo.
Además, la secretaria gremial abordó la situación de infraestructura escolar en La Rioja, criticando que muchos establecimientos no cuentan con condiciones adecuadas frente a las temperaturas extremas que imperan en la región. «No hay una evaluación del clima en las nuevas construcciones, que son vidriadas y con puertas grandes que dejan entrar los vientos, lo que enfría los ambientes y afecta tanto a alumnos como a docentes», advirtió. Este déficit, agregó, pone en riesgo la salud de los trabajadores y estudiantes, y refleja un abandono del Estado en la atención a las condiciones edilicias.
Situación de los docentes en las calles y en las aulas
Martínez lamentó que no haya una mayor participación de los docentes en las movilizaciones, explicando que el miedo a perder ingresos y las condiciones laborales precarias dificultan la organización. Sin embargo, destacó que en Catamarca, hace unos días, se registraron manifestaciones que consideran un ejemplo a seguir e imitar.
Finalmente, la dirigente hizo un llamado a la comunidad educativa para mantenerse alerta y reclamar por los derechos y la educación de calidad. «Los docentes no están saliendo a la calle en la cantidad que deberíamos, pero eso no significa que no estemos luchando», concluyó.
