La decisión fue tomada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. Por mayoría tambien libraron oficio al Ministerio de Capital Humano y al Colegio de Abogados para que sancionen a Gianni y a Grabois.
La Cámara Federal porteña confirmó de manera unánime la medida cautelar ordenada por el juez federal Sebastián Casanello que impuso al Ministerio de Capital Humano informar el stock de alimentos que tienen almacenados en los depósitos de Villa Martelli y de Tucumán, y el cronograma de su entrega.
Según confirmaron fuentes judiciales, el fallo también ordenó -por mayoría- evaluar sanciones para los funcionarios de Sandra Pettovello, encabezados por la funcionaria Leila Gianni, y el abogado Juan Grabois por la escandalosa audiencia que protagonizaron este jueves en los tribunales federales.
La decisión fue tomada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. Cada uno en su voto llegó a la misma conclusión: no solo respaldaron a Casanello, sino que convalidaron su actuación en el marco de una cautelar que el Gobierno no podía desconocer. Gianni le había dicho a los magistrados que no iban a permitir que ningún juez militante le dijera al Gobierno de Javier Milei como manejar la política alimentaria.
Se trata de la denuncia que el dirigente social Juan Grabois impulsó en febrero pasado contra el Ministerio de Capital Humano. El dirigente social ya es querellante. El disparador de la denuncia fue la suspensión de la entrega de alimentos en comedores comunitarios ubicados en todo el país, en el marco del “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”. Una denuncia se hizo penalmente, otra causa se abrió en el fuero en lo contencioso administrativo.
Hace tres semanas el medio El Desape, en el marco de un pedido de acceso a la información pública, reveló el stock de los centros de Villa Martelli y Tafi Viejo que rondaban los 5 millones de kilos. El vocero del Gobierno Manuel Adorni admitió ese número en conferencia de prensa, pero desmintió que estuvieran próximos a vencer y subrayó la denuncia hecha por comedores fantasmas.
Fue en el marco que la fiscal Paloma Ochoa pidió medidas: reclamó que los alimentos allí guardados se distribuyeran en los comedores registrados oficiales y el juez dispuso el 27 de mayo que a donde iban los productos era una potestad administrativa del Ejecutivo pero le reclamó que elaborara un plan de distribución de esos productos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, y le pidió un stock de ese almacenamiento. Para ello, en el marco de una medida cautelar, le dio un plazo de 72 horas.
En ese contexto, tuvo lugar la escandalosa audiencia que protagonizaron Gianni y Grabois en la mañana del martes para discutir la cautelar dictada por Casanello. “Kuka ladrona” y “dejá de extorsionar a los pobres” fue lo menos que se dijeron. Por escrito, Pettovello defendió la política alimentaria y negó delito, y el fiscal de Cámara defendió la cautelar. La tarea de decidir le tocó a Irurzun, Farah y Boico, en el primer pronunciamiento que hacen sobre esta causa que puso en la mira al Gobierno.
