El mandatario ilegaliza centros de estudios superiores, incluyendo la Upoli, bastión de las protestas estudiantiles
La Asamblea Nacional de Nicaragua canceló la personería jurídica de 14 organizaciones sin fines de lucro, entre ellas cinco universidades, en otro golpe a la sociedad civil bajo el régimen de Daniel Ortega, con lo que ya suman 80 las organizaciones civiles ilegalizadas desde diciembre de 2018.
El diputado oficialista Filiberto Rodríguez, presidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos arengó ante sus colegas del recinto, previo a la votación, a favor del despojo institucional.
“Hay muchas asociaciones y fundaciones que se cobijan bajo las siglas sin fines de lucro, pero lo que hacen en la práctica es lucrarse de las mismas asociaciones que por ley deben ser sin fines de lucro, violentando así la Ley 147, la Ley que rige a las personas jurídicas sin fines de lucro”, dijo Rodríguez.
También advirtió, según informó el diario La Prensa, que la Asamblea no se detendrá en la supresión de instituciones de la sociedad civil bajo los mismos cargos de enriquecimiento. “Este es un proceso que va a continuar en la Asamblea Nacional y nadie debe de asustarse, porque es un proceso normal”, señaló.
Las universidades que estaban registradas como ONG y fueron canceladas por el Parlamento son la Politécnica de Nicaragua (Upoli), la Católica del Trópico Seco (Ucatse), la Nicaragüense de Estudios Humanísticos (Uneh), la Popular de Nicaragua (Uponic), y la Paulo Freire (UPF).
La lista incluye otras organizaciones vinculadas a la Iglesia católica, que tomó distancia del régimen tras la represión de 2018.
También las cámaras empresariales y otras entidades de la sociedad civil expresaron desde entonces su repudio al gobierno de Ortega, que ese año desató todo su poder para suprimir el estallido social contra el régimen, cuya represión dejó cientos de muertos, heridos y detenidos.
El campus de la Universidad Politécnica (Upoli), fue uno de los bastiones de los manifestantes de 2018, donde unos 150 estudiantes rebeldes se atrincheraron durante las protestas que exigían el fin del mandato del exguerrillero sandinista.
El gobierno, además, disminuyó el subsidio estatal que recibía la jesuita Universidad Centroamericana, UCA, la más prestigiosa del país, donde sus estudiantes mantienen una posición crítica contra lo que califican de “dictadura”.
