Durante este fin de semana, la misma obra social, el rector de la UNLaR, Daniel Quiroga y referentes universitarios nacionales y provinciales como la FATUN, ATUR y ARDU emitieron comunicados oficiales repudiando el avasallamiento a la institucionalidad y autonomía universitaria por parte de la justicia provincial al ordenar el allanamiento a las oficinas de la obra social, el pasado viernes 30 de junio.
Cabe recordar que ante una denuncia de usurpación del cargo de presidencia de OSUNLaR, el Dr. Barría, juez provincial, libró orden de allanamiento en instalaciones del hospital universitario, territorio federal, ingresando al lugar cerca de 18 efectivos de la Policía provincial de La Rioja.
La medida dictada por un juez incompetente en jurisdicción nacional, generó disturbios que concluyeron con trabajadores y trabajadoras lesionados, y el secuestro de dos computadoras y copias de las actas del consejo directivo de la obra social OSUNLaR.
El comunicado oficial de OSUNLaR sostiene: “(…) La policía, en un violento allanamiento sustrajo material informático. La gravedad de la situación no sólo radica en el irregular y violento accionar de la policía provincial, sino también que en el material informático sustraído se encuentran pruebas de la investigación en curso que existe contra la ex presidenta María del Carmen Corzo.
Hoy, un Juez Provincial , que no garantizó el debido proceso y violó la jurisdicción federal, no da ninguna garantía de que las pruebas serán preservadas y prevalecerá la verdad y la justicia. Hacemos responsable de este avasallamiento legal e institucional a la vicerrectora y expresidenta de la OSUNLaR, María del Carmen Corzo”.
“Como rector de la Universidad Nacional de La Rioja, no puedo guardar silencio ante la gravedad de los hechos ocurridos en la obra social de la universidad. (…) Por lo que instruí a la Secretaría Legal y Técnica del rectorado a realizar la denuncia de los hechos por las vías correspondientes. Asimismo, me solidarizo con la angustia de las personas de la obra social y de la universidad presentes en el hecho (…)”, sostuvo el rector de la UNLaR, Daniel Quiroga, quien además adelantó que ante la gravedad de lo ocurrido, el tema será tratado por el Consejo Superior Universitario.
“(…) Nos solidarizamos con las y los empleados de la obra social universitaria que vivieron momentos de zozobra y sufrieron agresiones propinadas por las fuerzas de seguridad de la Provincia de La Rioja, jurisdicción en la que no tiene competencia.
Nos comprometemos a seguir siendo parte de la construcción de la UNLaR que tanto queremos y en la que dejamos nuestras historias académicas y de lucha por la defensa de los derechos de la docencia”, sostuvo la Asociación Riojana de Docentes Universitarios ARDU en su comunicado.
Por su parte, la Asociación de Trabajadores Universitarios Riojanos ATUR manifestó que “(…) nunca en la historia de nuestra universidad hemos vivido tamaño atropello, y no estamos dispuestos a retroceder a las épocas más oscuras de la Argentina. (…) Hacemos responsable de todo lo sucedido, del violento accionar de la policía provincial, del avasallamiento de la autonomía institucional, a la ex presidenta de OSUNLaR y vicerrectora, Maria del Carmen Corzo, quien solicitó dicho allanamiento”.
La Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales FATUN sostuvo: “Desde la FATUN queremos manifestar que semejante intromisión de las fuerzas provinciales y de juez incompetente en territorio de una universidad nacional, nos retrotraen a los hechos acaecidos y vividos en los momentos más dolorosos de nuestra historia. (…) Como Federación, nuestro lugar es el de ser garantes de la autonomía universitaria y en defensa de nuestras/os compañeras/os trabajadoras/es NODOCENTES. Por todo ello pedimos respeto a la universidad pública y su comunidad”, concluyó la entidad nacional.
Mientras tanto, se espera que el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Rioja se expida al respecto de lo sucedido.
