Así lo consideró el rector de la Universidad Nacional de Chilecito (UNDeC), César Salcedo, en diálogo con Multimedio UNLaR, al referirse a la situación de las universidades ante el incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de la Ley de Financiamiento Universitario a la que señaló como “una de las leyes que mayor legitimidad tiene”.
En primer lugar, Salcedo hizo referencia a la universidad que conduce señalando que “no dista mucho de la que están viviendo y sufriendo el resto de las universidades que integran el sistema universitario argentino”. “Es de público conocimiento que todas y cada una de las universidades distribuida a lo largo y lo ancho de este territorio estamos atravesando una crisis económica financiera debido al incumplimiento sistemático por parte del Gobierno Nacional de la Ley de Financiamiento Universitario”, expresó.
Ante el informe que brindó el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, en el Congreso en el que responsabilizó al congreso por hacer una ley que no se puede cumplir, Salcedo dijo que “no me extraña viniendo de la figura del Jefe de Gabinete que lleva adelante y comulga con este plan de gobierno que lleva adelante el presidente Javier Milei”.
En este aspecto, Salcedo explicó que “desde lo formal ellos se escudan de haber publicado la norma, pero omite en decir que esta Ley de Financiamiento Universitario es una de las leyes que mayor legitimidad tiene por lo menos dentro del periodo que gobierna Javier Milei”.
Asimismo, el rector recordó que “nosotros hicimos un intento por tener una norma similar en el año 2024 donde presentamos un proyecto de ley que había sido sancionada por el Congreso de la Nación, pero fue vetada por el ejecutivo, posteriormente a ello en el 2025 insistimos, logramos los consensos necesarios sancionar una ley y la volvieron a vetar y esa ley que vino vetada del Ejecutivo contó con la insistencia del parlamento nacional con más de los dos terceras partes de los miembros que la integran”.
Para Salcedo “allí radica la legitimidad de la norma y entonces no le quedó otro camino que publicarla, pero como no estaba de acuerdo, no creen en la división de poderes que existe en toda república, se negaron a cumplirla”. “Lo que nos llevó a nosotros, no a todos, pero si a 48 rectores y rectoras a iniciar una acción judicial tendiente a demandar el cumplimiento de la norma”.
Con relación a esa demanda, explicó que “lo hicimos precedido de una medida cautelar, que es una medida de rápida resolución por parte del Juzgado interviniente donde esa cautelar versaba sobre el artículo 5 y 6 de la ley de Financiamiento Universitario y el 5 prevé la recomposición de los salarios de los trabajadores universitarios, tanto docentes como nodocentes, y el artículo 6 habla de las becas estudiantiles”.
“La cuestión de fondo quedaba con la acción principal que versa sobre el financiamiento en relación a los gastos de funcionamiento de las universidades, de las obras de infraestructura, y a un novedoso fondo que preveía esta norma que está vigente que es en relación a la creación de carreras estratégicas que se darían a iniciativa del ejecutivo nacional. Eso se va a resolver después”, detalló.
Especificó que “la cautelar fue acogida por el Juzgado interviniente donde le dice al Gobierno Nacional que vaya y cumpla, negándose a cumplir interpone un recurso extraordinario nos corre traslado por 10 días nos oponemos, no al hecho que intente una acción judicial al recurso extraordinario, sino a que ese recurso extraordinario le conceda en efecto suspensivo”. “Es ahí donde estamos trabados en ese litigio que el juez tiene que resolver y hasta tanto ello no ocurra creo que la conflictividad va a seguir incrementándose”, señaló.
